Uno de los episodios que hacen más complejo -y a veces difícil de entender- el Estado de Derecho es cuando ocurre la paradoja de un choque entre la Ley y la Justicia. Por eso alguien, consciente quizá de esa dificultad, recomendó hacer todo lo posible para evitar un conflicto que si ocurre lleva casi inevitablemente a la evidencia de que ambos conceptos no son la misma cosa y a veces es más fácil cumplir con la primera que obtener la segunda.
El caso de los directivos de la antigua Caixanova, a quienes se ha ordenado el ingreso en prisión a pesar de que su pena, confirmada, no implica esa circunstancia por su duración al carecer los condenados de antecedentes penales, es sin duda uno de esos en los que se comprueba lo que, en frase célebre, afirmó un clásico: que a veces es más fácil aplicar una ley que hacer justicia.
Acatar un fallo, aunque se discrepe con él, supone otra de las paradojas que se pretende explicar con el recordatorio de las vías de recurso que cualquier decisión judicial conlleva. Pero siendo eso cierto -lo que supone que ni la disconformidad ni la crítica, suponen desacato, sino opinión- tampoco garantizan la convergencia de ley y de justicia. Ni evita la sensación de que ni una ni otra son siempre iguales para todos, que ha de ser la base indiscutible del Derecho. Y que no parece darse en el caso de NCG.
Es verdad que la sensación no constituye siquiera indicio jurídico y suele incluir la imposibilidad de demostración. Por eso en no pocas ocasiones ha de acudirse a elementos comparativos y a cómo cuestiones muy parecidas, y a veces acusaciones iguales con circunstancias semejantes obtienen fallos opuestos.
Dura Lex, sed Lex, establecieron los latinos. Es una verdad cuya total admisión depende de lo que se ha dicho: que sea igual para todos. En el caso de NCG no lo parece y hay ejemplos por doquier: cajas saqueadas por consejeros y políticos que no sólo no han pisado un juzgado ni probablemente lo pisarán jamás y menos aún la cárcel; escándalos bendecidos por el Banco de España que no han implicado responsabilidad, gobiernos que ejercieron de don Tancredo e incluso de políticamente instigadores y conseguidores e incluso banqueros indultados en el último momento. Eso es lo que ha pasado y pasa en España y que hace dudar de la proclamada igualdad.
Nada de cuanto se escribe supone alegato de inocencia o conformidad con hechos discutibles pero autorizados por el Banco de España. Sólo se expresa lo que muchos gallegos/as quizá experimenten hoy: la sensación de que este caso ha sido forzado desde la calle y supone castigo sobre castigo. Algo legal, pero injusto.
