A primera vista, y antes de llevar a cabo una completa digestión del texto, da la impresión de que el informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre Angrois va a aportar más ruido que nueces. Y, de paso, suministrará, con razón o sin ella -porque no es el Evangelio- a una parte de la oposición política munición abundante para la campaña electoral autonómica, que ciertos observadores creen iniciada precisamente desde el momento en que la UE lo da a conocer.
Y es que, dicho como opinión personal y por tanto sin obligación alguna de compartirla, no son pocos los que creen que era el objetivo fundamental de la solicitud a Europa para que interviniese, intervención por cierto que en otros accidentes -aunque no tan graves- en varios países de la Unión no se reclamaron quizá porque allí hay otro sentido de lo común que aquí falta. Y no se dice solo como reproche; también como descripción.
Es innegable que las víctimas y sus familiares tienen todo el derecho a exigir que se depuren todas las responsabilidades que pueda haber en la catástrofe de Angrois, pero al menos un sector de ellas parece haber puesto el asunto en unas manos que, si no contaminadas por la política, sí tenían intereses propios, aparte de los otros, más legítimos. Y el informe de la UE recoge argumentos especialmente opinables y que no todos comparten.
Pero hay otro elemento que resulta imprescindible recoger y poner sobre el tapete; la UE opina acerca de la investigación técnica, pero no se define en la judicial, que llegó a conclusiones parecidas, aunque después la Audiencia de A Coruña haya ordenado la reapertura del caso. Y no parece sensato que Europa insinúe que los jueces españoles no son independientes.
Sea como fuere, el "caso Angrois" está lejos de llegar a una conclusión que satisfaga a todos. Y, desde luego, si se mantiene la inexplicable actitud de algunos que hasta ahora ignoran quién construyó el tramo maldito, quién fijó las condiciones de licitación y quién autorizó su cambio, va ser difícil que la investigación pueda calificarse como "independiente", aunque no sea a esa independencia a la que se refiere, curiosamente, la UE. Al menos por el tono.
Dicho todo ello, conviene insistir en que las víctimas tienen dudas y derecho a que se les aclaren, además de a las indemnizaciones correspondientes si no se habilitaron. Y esos derechos son prioritarios, pero no superiores al de la sociedad toda a conocer la verdad, sin ocultación pero también sin manipulaciones. No va a ser fácil evitarlas, pero ha de hacerse, por el bien de todos, dejando fuera la política.
¿No...?
