Hace algunos años, los que íbamos a ser padres vivíamos una ilusionada incertidumbre sobre el sexo de la criatura esperada, incógnita que solo en el instante mismo del parto se desvelaba. Pero gracias a los formidables adelantos científicos, resulta que, estando aún el feto en el claustro materno, es posible conocer anticipadamente si el bebé será niño o niña, por más que ello necesite de la mirada experta del ginecólogo -espeleólogo del vientre femenino- que interpreta una, para mí, inescrutable ecografía. Confieso que las más de las veces he sido incapaz de ver en las primeras imágenes lo que el médico dice de aquella confusa nebulosa de proyecto humano,
Pues vea usted, paciente lector, por dónde resulta que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, cuando se trata de la provisión de determinados cargos judiciales (ej., presidencias de tribunales colegiados, magistrados del Tribunal Supremo), está, a veces, a la misma altura de las técnicas más avanzadas de conocimiento anticipado. Hay ocasiones -no siempre, depende del tipo de "embarazo orgánico"- en las que antes del nacimiento, qué digo nacimiento, antes incluso de la concepción, se está en condiciones de saber quién será el elegido para el cargo. Pues he aquí que ha ocurrido en ocasiones que, aun antes de anunciarse oficialmente el concurso, y sin conocerse los aspirantes al cargo, ni estar, por ende, en condiciones de ponderar y contrastar merecimientos y cualidades, ya se conoce, no la borrosa ecografía del nasciturus, sino la fotografía nítida, con nombre y apellidos, del preelecto, a cuyo favor se resuelve efectivamente el "concurso". Se consuma así la iniquidad perpetrada por obra de una mayoría complaciente que mira hacia otro lado, rendida y vendida al vínculo recíproco de pactos y trueques para colocar a quien interesa, no a quien lo merece. Cuando esto sucede, se revela el proceso como un inaceptable simulacro de concurso, es decir, una farsa. Es esta una patología crónica, sucesivamente diagnosticada en órganos de gobierno de épocas y composición distintas. Es lo que, en jerga generalizada, se ha dado en llamar "intercambio de cromos", eufemismo de suma benevolencia para un asunto de extrema gravedad que no es precisamente un juego de niños.
Que la política de nombramientos seguida por el Consejo está sembrada de decisiones tomadas al margen de criterios de mérito y capacidad, es idea extendida y arraigada en la Carrera Judicial, aunque no suficientemente reprobada. Hay, incluso, quien, habiéndoseme mostrado contrario a tales desafueros, y compartido conmigo la crítica a esas intolerables desviaciones, una vez se hizo con una Vocalía, le faltó tiempo para prestarse al mismo juego. Tiene, a lo que se ve, igual versatilidad de principios que Groucho Marx, aunque después, desde propias atalayas, predique solidez de principios. ¡Valiente descaro!
Y pasmoso es que algunos de esos que en su día oficiaron en aquellos "aquelarres" y fueron ensoberbecidos muñidores al servicio de intereses ajenos al mérito y la capacidad y, por ende, contrarios a la ética y a la justicia, enarbolen ahora, con artificiosa compunción a posteriori, una cínica llamada a la autocrítica - ¡a buenas horas, mangas verdes!- cuando en su día aquellas decisiones fueron tomadas a sabiendas, con la mirada puesta en intereses o compromisos de índole diversa, pero, en todo caso, de espaldas al deber de unos y al mérito de otros.
La preocupación suscitada por la irregularidad de algunos nombramientos para cargos judiciales (anulados unos por el Tribunal Supremo, impugnados otros), ajenos a criterios objetivos de merecimiento, sustituidos inicuamente por los de afinidad o exclusión política, o debidos a conspicuos padrinazgos o madrinazgos, o a pactos de intercambio clientelista de diverso jaez, llevó a la creación en 2014 de un Observatorio dependiente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial -integrada por jueces, notarios, abogados, catedráticos- con el objetivo de analizar los nombramientos de cargos discrecionales hechos por el CGPJ. La lectura de sus informes es ilustrativa. Por esta razón, la Plataforma ha formulado una queja a la Relatora de las Naciones Unidas en materia de independencia judicial, en cuyo escrito se recuerdan las exigencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/40/32, 1985) y del Comité de Derechos Humanos en materia de nombramientos judiciales: procedimientos claros y criterios objetivos exentos de interferencias políticas.
De igual modo, el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO), en un informe de 2013 (dedicado a España), detecta la impresión entre los jueces españoles de que la judicatura está politizada en su cúspide, hasta el punto de que a veces se sabe de antemano quién va a ser elegido para algún cargo de responsabilidad. Y en el informe de 2014, recomienda a España que se establezcan por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, con el fin de garantizar que no se ponga en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso.
Es sobremanera significativo -y extremadamente grave- el resultado de una reciente encuesta realizada por el propio CGPJ entre miembros de la carrera judicial; de ella resulta que un 67% de los encuestados considera que en los nombramientos que realiza el Consejo General del Poder Judicial no prevalecen los criterios de mérito y capacidad.
También dos asociaciones judiciales -Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, y, con motivo de un concreto nombramiento hecho por el Consejo, han dicho sin ambages que para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario que el procedimiento de nombramiento sea transparente y libre de presiones e influencias, y que los criterios sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional.
He aquí otro capítulo pendiente para la tantas veces invocada regeneración democrática, que lo ha de ser también, y antes que nada, ética. El daño causado a la imagen de la Justicia ha sido tan hondo, que aquella regeneración no se conseguirá sin acometer extirpaciones que han de ser radicales. Y a quienes oigo hablar y figurar y aparentar y prometer, ninguna habilidad, ni voluntad ni credibilidad les reconozco como cirujanos. Y. entre otras razones, porque algunos de ellos son los que en otro tiempo causaron las lesiones. ¿Quién les puede creer? Yo no, desde luego.
*Magistrado de la Audiencia Provincial en Vigo
