Queremos justicia

Se ha celebrado en Vitoria–Gasteiz entre los días 28 y 30 de Noviembre la XXI Reunión Nacional de Jueces Decanos de España. El panorama que han dibujado de la Administración de Justicia es desolador, pero real, resaltando su incapacidad para ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual. Y ello es así no por culpa o desidia de los jueces, que también son sus víctimas, sino de una organización decimonónica y obsoleta que ningún gobierno se ha ocupado de modernizar pese a las múltiples promesas y compromisos asumidos en tal sentido.

En su profundo y meditado análisis, los jueces decanos no se limitan a atribuir responsabilidades a quienes sin duda las tienen, sino que aportan soluciones viables que debieran ser atendidas por el nuevo gobierno. Lo primero que echan en falta es un acuerdo nacional de la justicia entre las fuerzas políticas y sociales que sirva de sustrato para la puesta en marcha de medidas concretas. Y la primera de ellas es modificar la organización, los medios y los procedimientos, que no están orientados a garantizar la accesibilidad de sus usuarios, la calidad de la atención que deben recibir ni su derecho a obtener una respuesta pronta y definitiva.

Reclaman, asimismo, que cese el intervencionismo de los partidos políticos en los órganos de gobierno del Poder Judicial, pues estando los jueces españoles de hoy más preparados y siendo más independientes que nunca, existe un notable desprestigio de la judicatura, probablemente porque se confunda a los jueces y magistrados con su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial), éste sí, politizado en razón de la forma de elección de sus vocales, ampliamente criticado por sus señorías. No hay jueces del PP ni jueces del PSOE, sino jueces independientes que sólo responden ante los ciudadanos y que actúan conforme a la Ley (les guste mucho, poco o nada la ley que tengan que aplicar). Por eso se ha propuesto que dichos vocales que van a gobernar el Poder Judicial sean elegidos directamente por los propios jueces y no por el Parlamento (que al fin y al cabo es otro más de los poderes del Estado, el legislativo). Eso garantizará más independencia, como lo hará la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, pues no debe seguir dependiendo el presupuesto para justicia de la voluntad de los poderes ejecutivos central o autonómicos. ¿Qué clase de poder del Estado es ése que tiene que mendigar a los ejecutivos autonómicos los muebles del despacho de los jueces o al Ministerio de Justicia su nómina? Además del propio Montesquieu que lo hizo en París en 1755, ¿habrán muerto también sus ideas relativas a la separación de poderes?

También se demanda mayor democracia interna y que se lleve a cabo la elección de los presidentes de tribunales superiores de Justicia y Audiencias por los propios jueces mediante sufragio directo y no "digitalmente". Otra de las peticiones va encaminada a la superación de la actual dispersión y desorganización en el gobierno y gestión de la administración de justicia, actualmente a cargo del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de los gobiernos autonómicos que han asumido la competencia, y también es clásica la reclamación de la "administración de justicia electrónica", pues se dan paradojas como que en cada Comunidad Autónoma haya un sistema informático diferente e incompatible con el que utiliza la Comunidad de al lado, o que los expedientes judiciales españoles puedan alfombrar con sus miles de millones de folios la Península Ibérica y territorios insulares en plena era de los documentos electrónicos.

Pero hay muchas más disfunciones, como la distribución de los juzgados en obsoletos partidos judiciales que no responden a las realidades demográfica, política y económica actuales. O la tramitación de centenares de miles de asuntos que saturan un entramado complejo y especializado y cuya resolución sería bastante más eficaz y menos costosa a través de cauces alternativos como la mediación o el arbitraje. Si se tiene en cuenta que en el pasado año ingresaron en el sistema casi diez millones de asuntos y que en España hay aproximadamente 4.500 jueces y magistrados, ya se pueden imaginar cual es la carga de trabajo media. Por ello se han propuesto medidas como el establecimiento de tasas disuasorias, la simplificación y agilización de los procesos, la restricción del recurso de casación a supuestos con interés casacional o la necesidad de que los procedimientos sean expeditivos y eficientes. También se han planteado demandas internas de la propia carrera judicial que no es del caso pormenorizar, pero tampoco proscribir, pues lo crean o no, solo unos jueces adecuadamente retribuidos, con un régimen disciplinario razonable y una carga de trabajo asumible (condiciones que hoy no se dan) estarán en situación óptima para cumplir con creces el mandato que la Constitución les encomienda: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esos --y no otros-- son los jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley que configuró en 1978 la Constitución Española que todos nos dimos para administrar una justicia que, no lo olvidemos, emana del Pueblo.

*Magistrado