Así que, repasadas las cuentas de las Autonomías y comprobado que la mitad ha incumplido las previsiones –y las instrucciones– que en su día les diese la autoridad económica, habrá que esperar a ver qué hace ahora el Gobierno central. O, para ser más exactos, cuál será el criterio que aplique a los infractores, y si los tratará de un modo equitativo o si, por el contrario, repetirá antiguas –y arbitrarias– discriminaciones.
A estas alturas, la verdad es que pocos, si es que hay alguno, creen que Zapatero y su equipo osarán tratar a Cataluña como a Valencia, e incluso a Galicia, que ha hecho sus deberes, como a Andalucía, que los ha dejado a medias. A un año vista de las elecciones generales, el PSOE no castigará a los suyos ni tampoco a los que en un momento dado le pueden servir como si lo fueran. Es injusto, por supuesto, pero eso no le ha quitado el sueño a ninguno de sus jerarcas en siete años, y no parece que vaya a modificarse ahora.
Algunos observadores -probablemente más cada día- señalan que este desfase en la deuda de la mitad de las Comunidades del Estado supone otra oportunidad para reflexionar acerca de un rediseño del modelo de Estado o, cuando menos, los retoques precisos para hacerlo más viable. Pero no ya sólo a causa de la crisis actual, sino pensando en que el futuro no será de ningún modo como el presente y menos aún como el pasado.
Conste que no parece probable, visto cómo actúa este Gobierno, una estrategia bien elaborada, sino la continuidad de la táctica del salto de mata, que es la que despliega desde hace tres años. Y eso deja poco margen para una acción política de alternativa y fomenta, a través de la debilidad parlamentaria del PSOE, las maniobras que llevan a la desigualdad a cambio de favores parlamentarios en forma de votos.
A partir de esa imposibilidad de abrirse paso por la vía política es evidente que no hay otra que la judicial en un Estado de Derecho como éste. Eso –acudir al Constitucional– es lo que ha anunciado la Xunta en el caso de que el Gobierno le niegue el dinero que le corresponde, y lo que debería hacer cuanto antes en otro asunto en el que, como la Caja gallega, es e vidente la arbitrariedad.
(Por cierto, y dicho sea de paso: en esto del mapa financiero la trampa ha sido tan obvia, y el cambio de reglas en plena partida tan vergonzoso, que además de a Madrid la Xunta habría de recurrir a Bruselas o a los tribunales europeos. Si hay bastante coraje, claro).
¿Eh...?
