Así pues, confirmado que el señor presidente de la Xunta sigue ciego y sordo a casi todo lo que no sea su duelo con el Gobierno en el OK Corral de las cajas, habrá que reclamar de quien pueda establecerlo, y cuanto antes mejor, un alto el fuego. Siquiera hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional que, tal y como están las cosas ahora mismo –aunque pueden cambiar en un instante– parece la salida más lógica.

En este punto, y antes de proseguir, conviene una reflexión colateral. Se alude –en sentido figurado, claro– a problemas audiovisuales en su señoría, pero no se observa ninguno que le afecte a la oratoria. Por el contrario, cada día añade motivos a sus diatribas contra quien no comparta su ardor patriótico fusionista, y llega a extremos que no se oían desde los tiempos de Franco, que identificaba su persona y sus dictados con España. Ayer, don Alberto dijo que el PSdeG iba "contra Galicia"; no contra él o su Xunta: contra Galicia. Cáspita.

Y es una pena, conste. Lo es porque mientras anda en esos cerros provoca pérdida de atención para otros aspectos de su gobernación en los que está logrando éxitos notables, que no todo va a ser la negra sombra que le canta la oposición. Por ejemplo el hito que marcó ayer: esta Xunta ha sido capaz en menos de un año de hacer lo que un par de gobiernos no lograron en ocho: una Ley de Comercio que Galicia necesitaba con urgencia. Y que además nace con el diálogo hecho y un amplio respaldo en el sector, incluyendo organizaciones lejanas al PP. : no es moco de pavo.

Aunque habrá tiempo para despiezar el proyecto y analizarlo al detalle, conviene recordar que –tal y como anticipó FARO– recoge demandas históricas del sector en Galicia en cuanto a rebajas, ayudas, modernización e incluso protección frente a los riesgos de las grandes áreas. Tiene en cuenta lo que es la realidad comerial de este país, que es minorista –una definición que algunos confuden con defecto– y, sobre todo, que en términos de empleo y de participación en el PIB es del todo estratégico y por tanto esencial.

Y algo más todavía: el comercio, en Galicia, aporta al conjunto social muy sólidos nudos que lo enlazan con otras actividades y que contribuyen a formar un tejido vital para la vertebración del país. Eso hace del proyecto de ley que ayer salió del Consello rumbo al Parlamento un muy consideable servicio al bien común, un servicio real a la galleguidad que no ha necesitado ni normas exprés ni fórceps de voluntades.

¿No?