Así pues, sin efectos prácticos para la Iglesia gallega su opinión acerca de la Educación para la Ciudadanía -y de la que algunos observadores dicen que sólo fue sorpresa el que se haya dado de forma particular, acostumbrados como estaban los obispos de la archidiócesis a funcionar sólo como apéndice de su Conferencia- no ha de extrañar la falta de efectos cara al programa escolar del próximo curso. Y es que hay modos y modos de plantear las cosas -incluso las que se creen exclusivas- y reclamar un diálogo, y no parece que hayan acertado con el suyo.
Queda dicho que la posición de los prelados sobre esa asignatura no es nueva, y se ha interpretado su difusión como un intento -por otra parte confeso al reclamar negociaciones- de retrasar que se imparta este próximo curso, según los planes de la Xunta. Lo que sorprendió -y también molestó, parece, al poder civil- fue la invitación, que otros creen incitación, a que se acuda al ejercicio de la objeción de conciencia antes incluso de que se le diese respuesta; cierto que ésta será previsiblemente negativa, pero aún así hay ciertas formas que es mejor guardar.
La réplica eclesiástica a las críticas se ha enfocado desde una perspectiva inteligente y de refutación complicada. De una parte se defiende el derecho de los obispos a opinar sobre cualquier materia, y de forma especial acerca de las que afectan a lo que entienden por valores que están comprometidos a defender. De otra, se indica que la objeción de conciencia es un derecho recogido en la Constitución y por tanto invitar a que se practique en modo alguno puede tenerse por impropio o por reprobable, más allá de las interpretaciones de cada cual.
Ocurre, sin embargo, que esos argumentos serían tanto más poderosos cuanto más evidente resultase que la asignatura va dirigida contra los valores morales de la Iglesia, algo que no parece probado hasta ahora. Cierto que algunos textos incluyen conceptos y planteamientos discutibles desde el punto de vista de la cultura y modos comunes, pero eso no invalida ni el concepto global positivo de la materia ni contradice el principio de convivencia de dos derechos; el de los padres y madres a educar a sus hijos ni el del Estado a establecer los planes de estudio que considera adecuados para la formación de los ciudadanos.
Se ha dicho, y es seguramente cierto, que el problema está en algunos contenidos, y que el gobierno debiera fijar más y con mayor claridad cuáles han de ser los de la asignatura, estableciendo a la vez, como en otras del programa escolar, los controles correspondientes. Y eso es algo que no parece difícil de hacer ni de pactar.
¿Eh?
