Nadie se ha movido en la Administración. Las rotundas declaraciones del juez de familia de Vigo que decidió dejar su puesto por la carencia de medios y las denuncias contundentes que realizó no han conseguido, por ahora, que se adopten medidas. Ni siquiera que los responsables de los distintos departamentos de los que depende la caótica situación descrita hayan salido a dar, cuando menos, alguna explicación.
Aunque se trata de servicios que afectan, de forma muy directa, a un buen número de ciudadanos parece que en los despachos de ciertos departamentos la consigna es la de "nunca pasa nada". Una actitud que no parece adecuada cuando, como en este caso o en otros de índole similar, el ciudadano está tan implicado que la callada es la peor de las respuestas.
Podría sonar a demagogia, pero todos esos responsables de buscar soluciones a los problemas descritos por el juez están al servicio del ciudadano y no al contrario. Es algo que en determinados niveles de la Administración parece haberse adoptado como norma. Los afectados saben que las cosas no funcionan bien y por mucho que se intente ocultar es complicado.
Bien harían los servidores públicos, a todos los niveles, en concienciarse de que su principal tarea es la de intentar que la amplia maquinaria de la Administración sea lo más eficaz posible, con las consabidas limitaciones. Pero, a la vista de este caso, ese anhelo del ciudadano parece que va a quedar en nada. Un departamento pasa la pelota a otro y éste a un tercero. De esta forma, nadie se considera responsable de una situación que está en la calle. Nadie está en el punto de mira de la exigencia de esas responsabilidades y la maquinaria sigue su demencial curso.
