Así pues, visto y comprobado que en los asuntos d´Etat -en sentido figurado, claro: se trata de resaltar su relevancia- los grandes partidos gallegos no son capaces de ponerse de acuerdo, quizá conviniera abrir un debate sobre la oportunidad de exigírselo, dinamizando para ello un estado de opinión que fabrique la masa crítica suficiente como para que no tengan otro remedio que prestar atención y hacer lo que se les reclama. Y es que, de lo contrario, los daños directos y colaterales pueden ser demasiado costosos como para asumirlos en una generación.
En este punto, y dado que para muestra basta un botón, puede servir para subrayarlo la ocasión perdida esta semana en el Parlamento con la Ley contra los incendios forestales. Que se aprobó, no ya con la oposición del PP, que es el grupo mayoritario, sino con el aviso de que cuando vuelva a la Xunta la derogará. Lo que va a complicar las cosas no sólo para entonces -que ya se verá-, sino para ahora mismo: una ley de este tipo, cuestionada por quien tiene muchos votos aunque el resto una los suyos y sume más, es una ley provisional y, por tanto, débil. Y se necesita fuerte.
Lo más penoso del desacuerdo -sobre el que unos tienen más culpa que otros, pero todos se han esforzado poco para evitarlo- es que se refiere a un asunto que no sólo perjudica a Galicia como país, sino que amenaza a su sosiego social. Los incendios forestales, por su reiteración y su creciente incidencia, son ahora mismo una cuestión de esas que se han definido antes como d´Etat, y en cualquier país moderno obligaría a los legisladores o sus comisionados a encerrarse juntos hasta lograr puntos comunes que permitan resolver el problema de una forma razonable.
Es posible, desde luego, que la cuestión de los incendios en los montes debiera contemplarse en el marco general de una nueva política forestal, y que esta, a su vez, tenga que negociarse para un gran Pacto por el Monte. De hecho, cuando quienes hoy gobiernan eran oposición reclamaron ese acuerdo durante años y con distintos portavoces -uno de ellos el hoy conselleiro de Medio Rural, señor Suárez Canal-, y la Xunta de entonces asintió varias veces. Pero ni de aquella se avanzó ni de ésta, por lo que se ve, hay indicios sólidos de que vaya a cambiar el panorama.
Y el caso es que tiene que cambiar. Primero porque el país no se puede permitir una sangría forestal como las que ha padecido en los últimos años, ni la sociedad gallega la repetición de las polémicas -y las desconfianzas- sobre la intencionada autoría de los incendios. Ni en términos económicos ni sociales resulta saludable que Galicia vuelva a gastar las fuerzas que no le sobran en debates estériles y sospechas permanentes, y la Xunta -la de ahora porque le toca, ya que la de antes no lo hizo- tiene la obligación de tomar la iniciativa y encontrar salidas.
Los días que vienen son propicios para la meditación -incluso de los agnósticos- acerca de este asunto, y ojalá que todos tengan la voluntad de practicarla. Por su propio prestigio y por el bien del país. ¿Verdad?
