En un importante periódico de difusión nacional he podido leer un comunicado del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de España, para advertir sobre las graves consecuencias que pueden derivarse de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que promueve el gobierno socialista, y que ya se encuentra en trámite de aprobación en el Senado como proyecto de ley. En opinión del Consejo General, si ese texto ve la luz el Estado español perdería competencia para convocar plazas de esa clase de funcionarios en beneficio de las comunidades autónomas y - lo que es mucho peor- propiciaría la eliminación en poco tiempo de los controles de legalidad y económico-financieros en los ayuntamientos, y por tanto el fomento de la corrupción, que supuestamente tanto nos preocupa. Pese a todo, insiste en que no se oponen a una sensata descentralización ejecutiva de su profesión, de acuerdo con la estructura autonómica del Estado, pero sin privar a este de las competencias que todavía mantiene. Todo ello expresado en un tono respetuoso como corresponde a un colectivo de ese nivel. Yo no veo de que forma el gobierno socialista no pueda atender un ruego de esa clase, y sobre todo cuando el objetivo que se proclama es el de asegurar el buen y democrático funcionamiento de los ayuntamientos y de manera específica el estricto cumplimiento de la legalidad. Resulta cuando menos chocante que, de una parte, nos manifestemos alarmados por la continua sucesión de escándalos urbanísticos municipales y de otra estemos redactando una ley para dejar al zorro al cargo del gallinero. Pero, lo más sorprendente de todo, es que este honorable colectivo de funcionarios se vea en la obligación de enviar a los periódicos como publicidad pagada ese grito de alarma cuando seguramente tiene otros cauces de comunicación con los honorables representantes del pueblo. Salvo que estos no les hayan hecho ni puñetero caso. Una página de publicidad en un periódico de difusión nacional puede costar unos 21.000 euros (3.500.000 pesetas), un día laborable, y en blanco y negro. El anuncio de referencia se publicó en la página nueve, y curiosamente dentro de la sección de internacional, cuando lo lógico hubiera sido que lo incluyeran en la nacional y a ser posible enfrentado a uno de los muchos casos de corrupción que son noticia todos los días. Justo al lado de las atrocidades que se cometen en Irak resulta un tanto extraño y pasa desapercibido, pero en paralelo a las nuevas imputaciones del caso Marbella adquiere un afilado sentido de denuncia moral. Aun no hace mucho tiempo, cuando el sentido de la ética política y periodística no se había abollado del todo, la denuncia pública de un colectivo funcionarial tan prestigioso hubiera merecido honores de primera página, con carácter absolutamente gratuito, así como el apoyo decidido de uno o varios partidos importantes, que se pelearían entre ellos por hacer suya la causa. En cambio, ahora debemos enterarnos de lo mismo mediante un anuncio pagado. ¿Controlar la legalidad de los actos municipales ?. ¿A quién se le ocurre?. Con lo bien que marcha el negocio.