Los cambios de gobierno y los cambios de legislación tensan la relación entre el actual gobierno local y la empresa redactora del Plan Xeral de Cangas, Monsa. Esta tirantez se puso de manifiesto en la reunión que los técnicos municipales y el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, mantuvieron ayer con el representante de Monsa. No fue fácil ni para unos ni para otros y, otra vez, está en peligro el Plan Xeral, que lleva intentándose aprobar desde hace casi 22 años.
El gobierno local comunicó a le empresa que tal y como está ahora mismo la correlación de fuerzas en la corporación municipal el borrador que presentó en el mandato pasado no tiene ningún viso de prosperar y, además, tampoco puede presentarse así en la Xunta de Galicia porque hay que adaptarlos a la nueva normativa que salió a posteriori. Y claro, la empresa entiende que su trabajo está hecho, que en su momento se pudo sacar adelante, cuando el gobierno local, en el pasado mandato tenía mayoría y vincula el inventario de bienes -una mejora que el gobierno local considera que no cumplió- a la entrega del documento. Además, Monsa considera que adaptar el documento a la nueva normativa y también a las condiciones que exigen los acuerdos plenarios (PP y PSOE rechazan las Áreas de Recalificación Integral) tiene un precio, lo que supone revisar el contrato. De momento, el equipo redactor percibió por los trabajos 64.000 euros. El contrato firmado con el Concello de Cangas es por un importe de 336.991 euros.
También está en duda las medidas propuestas para legalizar determinadas edificaciones, saltándose sentencias firmes. Esta cuestión fue evaluada también con los técnicos jurídicos. El gobierno local no quiere presentar en el PXOM fórmulas para regatear las sentencias que supongan que la Xunta de Galicia tire para atrás el Plan Xeral. Y si antes no había dudas, el documento parecía la panacea que iba a arreglar todos los despropósitos urbanísticos, ahora las hay todas.
Desde el gobierno local, a través del concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, reclamó a Monsa que conteste por escrito a las reclamaciones presentadas ya en su momento: los cambios que a nivel legal hay que hacer para que se apruebe el Plan Xeral, la presentación de un cronograma, las repercusiones económicas que supone adaptar el documento a la nueva normativa y también a los acuerdos plenarios .
No son ecuaciones fáciles de resolver, como dijo Mariano Abalo al término de este encuentro, ni su contestación va a garantizar un avance en la elaboración del Plan Xeral. Pero con esa contestación por escrito, Mariano Abalo convocará una reunión con los partidos políticos con representación en la corporación municipal y será ahí cuando se pueda desvelar un poco más el futuro del PXOM. Además, por si todo esto fuera poco el actual gobierno tiene poco tiempo. Ya queda menos de un año para las elecciones y los planteamientos urbanísticos que puedan acordarse ahora pueden ser diferentes con un nuevo gobierno, dependiendo de cómo quede la relación de fuerzas.
Los antecedentes en el Concello Cangas no son los mejores como para pensar que Monsa lo va a tener fácil. Lo tuvo muy difícil la firma Arteplan y la empresa que le sucedió, Consultora Galega, a que el Concello de Cangas rescindió el contrato. La empresa también entendía que los trabajos los tenía hechos y que era el gobierno _en este caso el del PP_quien no quería dar el paso de presentarlo al pleno para su aprobación inicial.
Tras 22 años, tres alternativas y un millón de euros
En estos 22 años, el Concello de Cangas lleva gastados (con las ayudas oficiales que la Xunta de Galicia presta) más de un millón de euros en el frustrado empeño de sacar adelante el Plan Xeral, sin contar los pagos por informes y las revisiones que se hicieron. Ahora mismo la rescisión del contrato también planea sobre el PXOM. Sucedió con Consultora Galega y a punto estuvo de suceder con Arteplan. Está última finalizó los trabajos y el gobierno del PP que dirigía José Enrique Sotelo logró que el pleno lo aprobara inicialmente. Pero los convenios urbanísticos de Massó y de Aldán sacaron a la gente a la calle y no se pudo aprobar de forma definitiva. El PP, con la mayoría que le proporcionaba su alianza con el independiente Nardo Faro Lagoa pudo sacar adelante el PXOM en 2015, pero no se atrevió. Todo esto supuso un conflicto con Consultora Galega, que había pasado por una suspensión de pagos y acabó llegando a un acuerdo con el Concello de Cangas para rescindir el contrato, sin tener que ir a juicio.
