El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra desestima el recurso presenta por Luis Barros contra la decisión primera del tribunal de dar por concluida la demolición de la planta de hormigón en A Portela, como consecuencia también de una sentencia judicial que la asociación de vecinos del lugar ganó, por considerar que se trataba de una actividad insaluble. El citado juzgado sentenció que había concluido la finalización y archivo de la pieza, entre otras razones porque los demandantes y promotores de la pieza de ejecución forzosa lo solicitaron “por haberse satisfecho ya totalmente sus pretensiones”. También se indica que la actuación del Concello de Cangas en la ejecución de la demolición tiene carácter subsidiario. En primer lugar le corresponde a Prefabricados Luis Barros dicha restauración física, sin perjuicio de que si el Concello hubiese incurrido en algún tipo de responsaiblidad patrimonial tenía que indenmizable por el perjuicio que suponga. En este sentido, desde el Concello de Cangas se asegura que Luis Barros presentó en los tribunales una reclamación de indemnización de 1,5millones de euros, como consecuencia de que el Concello de Cangas ortorgase una licencia municipal que después anularon los tribunales, lo que le causa un grave perjuicio. Así, en el recurso de apelación la empresa señala que presentó ya reclamación patrimonial contra el Concello de Cangas, pero que no había reclamado ninguna cantidad en concepto de obra de restauración de la legalidad urbanística.
La tercera de las razones que expone el citado juzgado es porque la sentencia solo conllevaba, en puridad, la demolición de las obras ejecutadas al amparo de la licencia. municipal anulada. La empresa mostró fotografías con las que trató de demostrar que no se había realizado la totalidad de las construcciones, ni la solera de hormigón y las balsas de agua permanecen en el mismo estado. La empresa aseguraba que las obras de demolición no se realizaron según lo dispuesto en el proyecto técnico aprobado por el Concello de Cangas.
En una providencia del 15 de julio de 2019, el juzgado indicó que “Prefabricados Luis Barros S.L. podrían sin problema alguno, motu propio, proceder por sí misma a demoler y desmantelar las instalaciones industriales. Pero como con toda evidencia se niega a hacerlo voluntariamente, no cabe duda de que le corresponde al Concello de Cangas realizar ya directamente la ejecución subsidiaria. bien con el persona municipal del que disponga, bien contratando la obra”
La empresa de Luis Barros pretendió entrar en el PERI de A Portela con el fin de legalizar la situación, pero no fue posible y trasladó sus instalaciones al polígono de Castiñeiras, en Bueu.
Esta sentencia judicial pone otra vez de manifiesto que el PERI de A Portela está muy complicado de que salga adelante, que la prisa que tenían antes algunos empresarios situados en la zona para legalizar su situación ahora no tienen tanta.
