Profesora predoctoral de Derecho penal en la Universidad de Salamanca, esta viguesa con fuertes vínculos familiares en Moaña, acaba de recibir el primer premio del IV Certamen de Estudios Críticos sobre la Justicia que convoca el Instituto Ibero-Americano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internaconal, a través del cual se elaboran ensayos de debate en temas de justicia. El premio le permite integrase en los grupos de la red de investigación de esta institución. Siempre le interesó el derecho, sobre todo los derechos de la justicia.
–¿Qué reflexión realiza en su trabajo premiado titulado “¿Un Derecho penal «de» la comunidad?”
–El Derecho penal protege a la comunidad y a los individudos que la conforman, pero no tiene que proteger a una comunidad concreta porque en este caso se corre peligro, como en el caso de las sociedades neoliberales, de criminalizar la pobreza o, en general, el dispenso político como sucede con el enaltecimiento del terrorismo en España, que configura un derecho penal lleno de minas y también corre el riesgo de producir delitos políticos que no son admisibles en un estado democrático de derecho, delitos por ideas políticas, que sancionen a las personas por sus ideas. Los valores que sí debe de proteger el Derecho penal son los derechos humanos, no otros valores que pertenecen a concepciones éticas, morales, policíacas o políticas que son condiciones libres de cada individuo.
–¿El Derecho genera mucha injustica no?
–Se plantea que el Derecho es justo porque es legal, pero en general hay que someterlo a criterios de justicia o de legitimidad para saber si es justo.Un derecho desigual o que persiga sancionar determinados discursos ideológicos o políticos ya no es justo, es decir, es legal pero no justo.
–¿Dónde está el límite?
–Hay una relación muy clara entre Derecho penal y Constitución. En primer lugar, porque el el Derecho penal trata de proteger derechos fundamentales y en segundo lugar, porque a través de la Constitución también se nos protege como ciudadanos del Derecho Penal. Nuestros derechos fundamentales tienen un límite a la intervención policial del Estado. Cuando hablamos de sanciones de expresiones en twitter, no se están respetando estos límites porque aunque son personas que se expresan con opiniones horrorosas, moralmente reprochables, esas ideas no se pueden sancionar a través de un Derecho penal,. No se puede utilizar la fuerza del Estado para reprimir un pensamiento que se expresa en Twitter, lo que antes la gente expresaba en un bar.
–Sin embargo está ocurriendo, como el caso del rapero Hasél, ingresado en prisión.
–Su caso es bastante claro. Es cierto que hay comentarios que molestan y con los que no estamos de acuerdo, pero al reprimir sus ideas a través del derecho penal, se le da más razón cuando dice que no estamos en un estado democrático; y no se está respetando el límite natural de la libertad de expresión.
–¿La política la lleva en la sangre?
–Estudié el doble grado de Derecho con Ciencias Políticas por la politología, no por la política, sino por la política criminal por la relación con el Derecho penal.
–¿Cuál es su meta profesional?
–Soy profesora e investigadora de Derecho penal, con un contrato de cuatro años, como una especie de beca. Me gustaría llegar a ser profesora titular.
–Tiene una larga lista de trabajos publicados, el último de ellos sobre la sentencia del Prestige. ¿Qué conclusión saca de esta sentencia?
–Varias. Fue uno de los casos más grandes de España, con más folios. Nuestro sistema no estaba preparado para asumir un caso así y no supo reaccionar. A nivel técnico, había muchas empresas entre aseguradoras, propietaria del buque...un entramado complejo con muchas ciudades y países que dificultaba quien estaba detrás.
