La Abogacía del Estado considera al que fuera administrador de Conversas Iglesias, Ángel Ramón Iglesias Vidal, autor de directo de dos delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en la trama del fraude del IVA que investigó el fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló y cuya vista oral tendrá lugar el próximo día 3 de marzo. Además considera que Juan Carlos Táboas Pastor, de Economistas del Atlántico S.L, es cooperador necesario de dos delitos contra la Hacienda Pública y autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y a Conservas Iglesias S.L. autora de delitos contra la Hacienda Pública y a Economistas del Atlántico S.L., Economistas Asociados de Galicia S.L, Consultores y Asesores del Condado S.L. colaboradores necesarias en dos delitos contra la Hacienda Pública. Asimismo, entiende que Nuria González Fernández y Begoña González Fernández son autoras de un delito continuado de falsedad en documento mercantil por facturas falsas emitidas en 2013 en favor de Cruceiro de Explotaciones Forestales, de las que son administradoras.
La Abogacía del Estado afirma que concurren la circunstancia de atenuante de la minoración del daño por el reconocimiento de los hechos y el acuerdo suscrito con la Dependencia de Recaudación para el fraccionamiento de la deuda tributaria. Para Ángel Ramón Vidal y Juan carlos Táboas Pastor pide cuatro años de prisión por el delito conr ala Hacienda Publica en el ejercio de 2013 , cuatro años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio, la pérdia de la posibilidad de solicitar subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años y multa de 1.160.000 euros con 230 días de privacion de libertad por impago. Y considera que procede imponer a los mismos acusados por el delito contra Hacienda en su modalidad de agravada correspondiene al ejercicio de 2014, donde la cuota defradudadora alcanza los 978.676,89 euros, las penas de cinco años de prisión.y una multa de 1.960.000 eurosTambién piede para Conservas Iglesias una multa de 800.000 euros.
En el año 2018, Conservas Iglesias fue adqurida, tras entrar en concurso de acreedores, por Conservas Rías Baixas, empresa que nada tiene que ver con la anterior, solo quelas instalaciones que hay en Moaña son las mismas. Pero ni la dirección ni el consejo de administración tienen nada que ver con Conservas Iglesias.
