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El convenio entre Bueu y la Iglesia preveía una compensación de hasta 18.000 euros

Los terrenos lindan con el muro superior del atrio parroquial. | // G.N.

El Concello de Bueu está intentando aclarar el alcance del convenio suscrito hace casi 20 años con el Arzobispado de Santiago para la cesión de unos terrenos que se iban a destinar a la construcción del tanatorio municipal. El actual gobierno está recabando la documentación para “comprobar qué acuerdos se adoptaron y cuáles fueron los compromisos adquiridos” para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. Una de las incógnitas es saber sí realmente se llegó a formalizar la cesión de esos terrenos, algo sobre lo que el consistorio alberga serias dudas. En el acuerdo negociado en aquel entonces se incluía una cláusula que preveía una indemnización cercana a los 18.000 euros en caso de que las condiciones urbanísticas no fuesen aprobadas definitivamente e incluidas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La propuesta para este convenio se aprobó en un pleno celebrado en septiembre de 2001. Entre sus puntos se recoge que si el instrumento urbanístico a través del cual la Iglesia cedía gratuítamente los terrenos no resultaba aprobado debería ser indemnizada con el pago del valor de la finca. En aquel entonces se fijó un precio aún en pesetas, a razón de 9.415 pesetas el metro cuadrado, aunque debería ser “actualizado al momento en que procediese dicha indemnización”.

El acuerdo plenario de la época constata que había divergencias en el tamaño de la parcela, que según el Concello era de unos 270 metros cuadrados y según el Arzobispado de 300. A razón de 60 euros el metro cuadrado, la indemnización podría oscilar, como mínimo, entre los 16.000 y los 18.000 euros.

El escrito dirigido por los representantes legales del Arzobispado de Santiago al Concello apunta que el convenio entre las dos partes se firmó el 17 de diciembre de 2001, por lo que se podría entender que los terrenos llegaron a ponerse a disposición del consistorio. Es una interpretación que desde el ayuntamiento acogen con “cautela” porque no tienen constancia de que se llegase a tomar posesión de la finca.

La parcela en cuestión linda con el muro trasero de la iglesia parroquial de San Martiño de Bueu y da frente a la calle Ramón Bares, poco antes de la intersección con la carretera de O Valado. El alcalde, Félix Juncal, apunta que los servicios técnicos municipales deberán ahora comprobar “si se formalizó el convenio, determinar si hay incumplimientos por una o por ambas partes y lo que eso supondría”.

En todo caso desde el Concello están interesados en una solución amistosa puesto que a la administración podría seguir interesándole la disponibilidad de esta superficie. El gobierno local tiene ya sobre la mesa el proyecto para transformar el terreno del antiguo cementerio municipal en una zona ajardinada y de esparcimiento. La parcela objeto del convenio entre ayuntamiento e Iglesia está fuera de esa actuación, pero su incorporación al ámbito –aparece clasificada en el PXOM como zona libre– serviría para mejorar la intervención.

Propiedades en el ámbito del plan parcial de As Lagoas

El acuerdo negociado entre el Concello de Bueu y el Arzobispado de Santiago en el año 2001 estaba vinculado a un convenio urbanístico puesto que la Iglesia dispone de terrenos dentro del ámbito del plan parcial de As Lagoas, cuyo quinto y último sector llegaba hasta las inmediaciones de la parroquia. La propuesta aprobada en pleno en el año 2001 recogía en su segundo punto que el ayuntamiento se comprometía a incorporar en el futuro PXOM una parcela colindante con la iglesia, calificada como suelo urbano no consolidado, e incluir “todo su ámbito en un solo polígono para su ejecución urbanística”. El planeamiento debería recoger la apertura de un vial interior que debería servir para comunicar la calle Ramón Bares con la carretera provincial de O Valado. El tercer punto del acuerdo comprometía al ayuntamiento a definir entre las condiciones específicas y de aprovechamiento urbanístico para esos terrenos “el uso residencial en manzana cerrada o de la tipología urbana que considere más adecuada”, con un aprovechamiento máximo edificatorio de 8.250 metros cuadrados por hectárea, de acuerdo a lo que establecía la Lei do Solo de entonces. La propuesta de convenio fue aprobada con los votos del PP, que tenía mayoría absoluta, y con la posición en contra de BNG y PSOE.

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