Después de varios aplazamientos, ayer se celebró finalmente el juicio a los hosteleros moañeses acusados de piratear partidos de fútbol televisados para exhibirlos en sus locales. La acusación procede de una redada contra este tipo de piratería de canales privados de fútbol llevada a cabo en diciembre del año 2018 por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). El juicio de ayer afectó a seis hosteleros de Moaña. En la operación se habían inspeccionado 2.000 locales de toda España.
Los juicios fueron individuales y como acusación se presentaron tanto la Fiscalía como la propia Liga de Fútbol Profesional. Los casos quedaron vistos para sentencia y el fiscal solicita para cada acusado una pena de 365 días multa a razón de un máximo de 8 euros al día, lo que podría sumar cerca de 3.000 euros. A mayores, se exige una indemnización a LaLiga por perjuicio económico que podría ascender a un total de 600 euros, si el juez accede a imponer las penas máximas que pide el fiscal.
Con independencia de la cuantía, si al final se deriva una multa económica esta llegaría en el peor momento posible para el sector de la hostelería, que sufre restricciones y cierres forzosos constantes desde el inicio de la pandemia de Covid-19.
En el juicio los acusados manifestaron que no eran los responsables de los establecimientos, pues en ningún momento se les solicitó acreditar la propiedad de los negocios. En este sentido, alegaron que ellos no autorizaron la instalación de los decodificadores conectados a las televisiones y que presuntamente servirían para la captación de la señal ilegal de canales de televisión de pago.
Asimismo, las defensas mostraron su recelo a que se les pueda acusar de delito por un periodo determinado de tiempo, como pretende LaLiga, cuando la denuncia se refiere solo a días y partidos concretos.
Por parte de la acusación, en los juicios celebrados ayer por la mañana en el juzgado de Cangas se llamó a declarar a dos de los agentes de la policía que participaron en los registros en los bares. Intervinieron en cada uno de los juicios por separado y por vía telemática. También intervino como testigo el inspector designado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para revisar por sorpresa los bares haciéndose pasar por un cliente y llevándose siempre el ticket.
Según se ha podido saber gracias a las vistas de ayer, LaLiga envió a este inspector nuevamente y en fechas recientes al menos a los mismos establecimientos de Moaña, por lo que este tipo de inspecciones siguen en marcha.
En el caso de Moaña, la inspección se realizó el miércoles día 12 de diciembre de 2018, cuando había empezado a retransmitirse un partido de Champions League entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú.
Hasta ocho agentes de paisano en un furgón y en un coche policial empezaron la redada por los bares y cafeterías pasadas las siete de la tarde, mientras que los WhatsApp de los hosteleros se ponían al rojo vivo alertándose del despliegue.
En varios de los locales, sobre todo en el barrio de O Rosal, fueron identificados los responsables o trabajadores y se les abrió un atestado por la emisión ilícita de partidos de fútbol con decodificadores manipulados, cuya propiedad es de la Liga Profesional que tiene los derechos de emisión. Es curioso que las denuncias no partan en ningún momento de las plataformas de contenido televisivo que compraron los derechos de emisión de los partidos.
En toda España
De los 2.000 locales inspeccionados en aquella operación, 101 eran de Galicia y 87 de la provincia de Pontevedra. Los policías implicados aseguraron después que en el 60% de los locales se habían encontrado decodificadores manipulados, a los que denominan “vitaminados”, para poder piratear los canales de fútbol de pago. La Policía analizó entonces hasta 800 decodificadores intervenidos en toda España.
Al día siguiente de la inspección y otros sucesivos, los hosteleros tuvieron que comparecer en la Comisaría de la Policía Nacional en Vigo para prestar declaración y todos ellos se negaron a testificar. En Moaña el registro había afectado a al menos una docena de locales, aunque ayer solo seis estaban llamados a juicio.
