Más de medio millar de edificaciones ilegales han sido denunciadas y derribadas en el último lustro en O Morrazo por la APLU, la mayoría de ellas en el municipios de Cangas. Según recogen sus cuadros de actividades, en territorio cangués se registraron 36 casos entre 2015 y mediados de 2019, los expedientes más recientes por instalación de caravanas, construcción de galpones, reformas de cobertizos o instalación de viviendas prefabricadas y casetas en Santa Marta, Liméns, Rabáns o Pinténs. Todos ellos fueron objeto de demolición.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, está "peinando" el litoral de Cangas en busca de infracciones cometidas en terrenos clasificados como suelo rústico, zonas de dominio público y espacios naturales o áreas de especial interés paisajístico. En la campaña, que se incluye en el Plan de Inspección Urbanística aprobado por la Xunta, "se prestará especial atención a los establecimientos expendedores de comidas y bebidas" ubicados en dominio público marítimo-terrestre "que pudiesen permanecer en las parcelas sin retirar tras finalizar la temporada", indican en un escrito remitido al Concello de Cangas, al que piden colaboración para que les comunique los casos que puedan conocer y el ámbito territorial que "por sus peculiaridades físicas o valores a proteger" sea de especial interés para la investigación.
Los controles de la APLU se realizan de forma periódica, y Cangas, por sus características orográficas y relevancia turística, es uno de los municipios incluidos en el "cuadro de prioridades" y con más incidencias registradas, más de una treintena de intervenciones en el último trienio. La gran mayoría se producen en servidumbre de protección de costas, aunque también se localizaron media docena de infracciones en suelo rústico del ámbito municipal. En la gran mayoría de los casos, el tipo de edificación es residencial, y son muy puntuales las edificaciones de uso industrial u hostelero incluidas en el listado de intervenciones y que son objeto de demolición.
"En este primer trimestre del año corresponde investigar el territorio municipal de Cangas, por lo que les informamos que en los próximos días se realizarán visitas de inspección en su ámbito territorial", comunica a los responsables municipales la jefa del servicio de la Xunta. Iria Alfonsín. Tanto el alcalde, Xosé Manuel Pazos, como los concejales de Urbanismo y Obras, Hugo Fandiño y Eugenio González, reconocen que estas operaciones de vigilancia e inspección se realizan todos los años y se han retomado en las últimas semanas, aunque el Concello se mantiene al margen porque se trata de una "competencia autonómica". No obstante, la APLU les traslada que "las infracciones detectadas serán comunicadas con carácter previo al Concello de Cangas" para que los servicios técnicos municipales "informen de la existencia de título habilitante municipal de naturaleza urbanística que pudiese amparar las obras".
La actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística se ampara en los planes de inspección, de carácter bianual, y en la actualidad está vigente el de los años 2018 y 2019, "que ha sido prorrogado hasta la entrada en vigor del siguiente". Establece que, con carácter trimestral, "serán realizadas operaciones de vigilancia e inspección del territorio para detectar las posibles infracciones urbanísticas" que pueden producirse, y sancionarlas. Los territorios de municipios costeros y los que incluyen espacios naturales o áreas de especial interés paisajístico, como es el caso de Cangas, tienen especial prioridad en este plan.
