Esta carta del Arzobispado mantiene abierta la vía administrativa, por la que siempre apostó el gobierno municipal. Aunque hay que recordar que el Concello de Cangas había abierto la vía judicial para conseguir la retirada de la placa de la ex colegiata. El argumento que esgrimía es que la Iglesia vulneraba la Ley de la Memoria Histórica aprobada en su momento por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar que tanto el Concello de Cangas como la Asociación de la Memoria Histórica 28 de Agosto llegó hasta el Papa Francisco I con sus demandas, que no tuvieron el efecto deseado, pese a que se confiaba bastante en la actitud del Papa, que sufrió la dictadura militar en Argentina. El argumento legal que se presentaba es que la iglesia es privada, pero la plaza es pública y la inscripción es ofensiva.

El BNG también llevó al Parlamento de Galicia la retirada de la simbología franquista de la ex colegiata de Cangas, donde se pedía la colaboración de la Iglesia.