Bañistas de la playa de Loureiro, en Bueu, alertaron ayer a la central de emergencias del 112 de un vertido de fecales en la misma playa por lo que desde esta central se dio a viso a la Policía Local. y se activó un protocolo con Augas de Galicia De inmediato se personó en la zona el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que alertó a la empresa de ingeniería que realiza para el Concello las auditorías del saneamiento. Cuando llegaron a la zona, el regidor ya se dirigió al pozo de bombeo del saneamiento, cuya concesión tiene la empresa Aqualia y que en un primer momento descartó que el vertido se debiera al alivio de fecales del bombeo en el cauce del río que desemboca en la playa. pero tanto la empresa de auditorías del Concello como la que se desplazó por encargo de Augas de Galicia coincidieron en una primera opinión de que el vertido se pudo realizar por al entrar en carga el aliviadero, que ahora deberán de determinar los pertinentes informes.
Juncal manifiesta que en todos los bombeos de saneamiento siempre se realizan aliviaderos para casos de emergencia. En este caso, el aliviadero está conectado a la red de pluviales y ésta a su vez al cauce del río por lo que todo apunta a que pudo deberse a este problema, si bien Aqualia insiste en que el bombeo funcionó correctamente.
Al alcalde le parece una extraña coincidencia que tras las primeras llamadas de los vecinos alertando del vertido, y después de que Aqualia llegara a la zona, desapareciera el vertido. Pero insiste en que la causa de este problema deberá de confirmarla la investigación técnica.
Por otra parte, Juncal confirma que hoy se reúne la junta de portavoces para ir cerrando los asuntos a llevar al pleno del septiembre. Se incluye el escrito de la Asociación de séptima lista pidiendo el apoyo de la corporación para hacer uso del surtidor de combustible del muelle, se llevarán los festivos locales para 2016 y se tomará una postura sobre cómo resolverá Concello las contrataciones de personal laboral para limpiezas tras los informes en contra de realizar contrataciones, salvo a través de la RTP, para servicios que no son considerados como esenciales como el caso de los edificios e instalaciones municipales.
