La dura ley migratoria amenaza a Macron con una crisis de Gobierno

"Tengo una sensación de resaca". Con estas palabras, el diputado macronista Sacha Houlié ha reconocido este miércoles el desgaste que la adopción de la ley migratoria dejará en la coalición del presidente francés, Emmanuel Macron. Después de ocho días de todo un culebrón, la Asamblea Nacional adoptó el martes cerca de la medianoche la conocida como ley Darmanin —en referencia al ministro del Interior—, uno de los textos migratorios más duros de las últimas décadas en Francia. Lo hizo gracias a los votos de la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen. Para sacarlo adelante, el Ejecutivo centrista hizo numerosas concesiones a la derecha republicana y la ultraderecha. Y eso podría desembocar ahora en una crisis de Gobierno.

Las primeras grietas han aparecido este mismo miércoles con la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, por su disconformidad con la nueva ley, según ha anunciado el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rousseau, que será sustituido al frente de Sanidad por Agnès Firmin-Le Bodo, ya había advertido el martes que renunciaría si la controvertida norma salía adelante. Este miércoles por la mañana se ha ausentado del Consejo de Ministros, lo que hecho disparar unos rumores que finalmente se han confirmado horas más tarde. Otros cuatro ministros del ala menos conservadora del Gobierno (Cultura, Universidades, Industria y Transportes) han hecho planear la misma posibilidad, pero de momento no parecen dispuestos a ir tan lejos. 

¿Dimisión del ministro de Sanidad?

"El presidente de la República no recibió la dimisión de Rousseau. (...) Debemos dejar de comentar cosas que no existen", ha declarado esta mañana la primera ministra, Élisabeth Borne, a la emisora de radio France Inter. Borne ha intentado quitar hierro a la posible renuncia de su ministro. Poco conocido para la mayoría de los franceses, Rousseau —un alto funcionario que había militado en el pasado en el Partido Comunista— es una pieza importante en el Gobierno. Hasta julio era el director de gabinete de la primera ministra y uno de sus principales colaboradores.

Tras haber tragado el martes un sapo difícil de digerir —una legislación con numerosos artículos impuestos por Los Republicanos (LR, afines al PP), con un discurso radical en temas migratorios—, el Gobierno de Macron intenta ahora echar balones fuera. Circulen, todo va bien. Eso no quita que la ley Darmanin incluye finalmente medidas consideradas como líneas rojas para el macronismo hasta hace pocas semanas. Después de un primer voto en contra por la Asamblea el 11 de diciembre, su contenido final se negoció en una comisión compuesta por 14 diputados y senadores. Como LR son claramente mayoritarios en el Senado, tenían la sartén por el mango en esa negociación. Y eso se reflejó en el diseño final del texto, presentado por Le Pen como una "victoria ideológica". 

Posibles "medidas anticonstitucionales"

La ley Darmanin fue diseñada inicialmente para facilitar y acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, así como aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos graves. También pretendía crear un permiso de residencia especial para aquellos que trabajen en profesiones con escasez de mano de obra, algo que desapareció del texto final. Al final, incluye medidas defendidas desde hace décadas por la ultraderecha. Por ejemplo, exige unas condiciones más restrictivas a los extranjeros para pedir ayudas sociales —cinco años de residencia para pedir las ayudas al alquiler—, elimina el acceso automático a la nacionalidad a partir de los 18 años para aquellos que nazcan en Francia o incluye el pago de una "fianza" para los estudiantes de fuera de la Unión Europea.

Borne ha reconocido que algunas de esas medidas podrían ser inconstitucionales. "El presidente de la República consultará al Consejo Constitucional (equivalente del Tribunal Constitucional) y veremos lo que responde", ha declarado en France Inter. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ya había insinuado el martes que las partes más duras resultarían muy difíciles de aplicar y que él mismo se encargaría con los decretos de aplicación que elaboraría. Darmanin lo dijo para calmar las tensiones internas en el macronismo. Y evitar un gran número deserciones en la votación en la Asamblea.

A pesar de ello, 62 diputados afines a Macron (de un total de 248 de la coalición presidencial) se negaron a respaldar la ley, 27 votaron en contra y 35 se abstuvieron. Fue la iniciativa que ha generado una mayor división en el macronismo en este segundo mandato. Sin duda, representó la guinda del pastel para un año horribilis para el presidente.