El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano quedó finalmente como el único acusado en el juicio, que comenzó ayer en la Audiencia Nacional, por el asesinato de cinco jesuitas españoles en el país sudamericano el 16 de noviembre de 1989. En la primera sesión de la vista oral, dedicada a las cuestiones previas, el tribunal declaró prescritos los hechos para René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército salvadoreño y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de la matanza. Ahora Yusshy Mendoza pasa a ser testigo y declarará el próximo 7 de julio.

Montano se enfrenta a 150 años de prisión por el asesinato de los cinco religiosos, entre los que estaba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación. El ya septuagenario Inocente Montano está en la cárcel desde el 2017, cuando fue entregado a la justicia española por las autoridades de Estados Unidos, y su prisión provisional fue prorrogada hace unos meses, por lo que urgía sentarle en el banquillo.

La petición fiscal para Montano contrastaba con la de Yusshy Mendoza. La Fiscalía solo reclamaba una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño, en correspondencia a su "muy" activa colaboración con la justicia, gracias a la cual se tienen "elementos probatorios". Las acusaciones subrayaron que Yusshy Mendoza "está reinsertado, tiene trabajo, no ha vuelto a delinquir desde que en el 2012 mostró su arrepentimiento", y que "pidió y recibió perdón".

Montano, que portaba como todos los participantes una mascarilla, siguió la vista casi sin pestañear.

El juicio se reanuda hoy con su declaración. Según la fiscalía, Montano y Yusshy Mendoza "participaron en la decisión, el diseño o la ejecución" del asesinato de Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo en el campus de la UCA.

También fueron asesinados el sacerdote Joaquín López, la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos. En su escrito, el fiscal recuerda que 1989 "fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador" al alterar las elecciones "de forma irrevocable el panorama político del país".

Ellacuría había "asumido el liderazgo" para negociar una salida dialogada al conflicto, lo que le convirtió en "objetivo de los militantes de la extrema derecha", que culpaban a la Iglesia de formar parte "de una conspiración comunista internacional". El 15 de noviembre, "el alto mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona, decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas".