La protesta francesa de los "chalecos amarillos" se ha convertido en la primera gran crisis de la presidencia Macron, cuyo Gobierno se las ve y se las desea para lidiar con ella, entre otras cosas, por la negativa de los representantes del movimiento de acudir a negociar con el Gobierno. Ayer de hecho, tres semanas después del inicio de las protestas, los "chalecos" declinaron una invitación para reunirse, hoy, con representantes gubernamentales alegando medidas de seguridad.
Las consecuencias de las movilizaciones desbordan ya el marco francés, pues los bloqueos en las carreteras han afectado a las fronteras. Colas de hasta 19 kilómetros se formaron en la frontera francesa con España a su paso por la localidad gerundense de La Junquera, donde se agolparon entre 3.000 y 4.000 camiones. Las empresas galas de transporte han evaluado las pérdidas acumuladas en 400 millones de euros y se temen desabastecimientos y bloqueos de centros comerciales que, en vísperas de Navidades, pueden generar pérdidas de hasta 13.000 millones en el sector de la alimentación.
En Francia, el movimiento, que comenzó como una protesta rural por el alza de los impuestos a los combustibles, siguió creciendo y afectando a nuevos sectores. Bloqueos de depósitos de carburante en todo el país causaron las primeras alertas de escasez de gasolina, mientras el tráfico seguía interrumpido en varias carreteras, en las que también fueron perpetrados actos vandálicos contra cabinas de peaje. Estos ataques se producen apenas 48 horas después de que, el sábado, París y otras ciudades vivieran una tarde de violencia saldada con más de 400 detenidos y un centenar de heridos.
Los "chalecos" han conseguido extender su protesta al sector estudiantil. Más de un centenar de institutos quedaron ayer cerrados en protesta por las reformas educativas de Macron. La región de Toulouse fue la más afectada. En otro ámbito, más de un centenar de conductores de ambulancias bloquearon la parisina plaza de la Concordia por la mañana para protestar por una reforma de la financiación del transporte sanitario que, aseguraron, amenaza a las pymes del sector. Las protestas han llegado hasta la isla de la Reunión, en el océano Índico, donde ha habido choques con la Policía y donde el único puerto comercial, auténtico pulmón económico de la isla, está bloqueado desde hace dos semanas.
En mitad de ese amenazador panorama, el primer ministro, Édouard Philippe, prometió que el Gobierno "anunciará un gesto contundente de apertura" en cuestión de días para aplacar el malestar. Lo hizo en el marco de los contactos con las fuerzas parlamentarias iniciados esta semana para buscar una salida a un movimiento que, por el momento, ni políticos ni periodistas ni politólogos son capaces de interpretar con solvencia, más allá de su populismo extremado.
