Los ciudadanos comunitarios podrán continuar viajando al Reino Unido y viviendo en ese país libremente tras el "Brexit", previsto para marzo de 2019, según los planes del ministerio de Interior británico desvelados ayer por medios de comunicación locales.
De igual modo, los ciudadanos de la UE podrían buscar empleo en el país sin solicitar previamente un visado de trabajo, aunque las empresas interesadas en su contratación sí tendrían que solicitar permisos y el Gobierno controlaría el número de autorizaciones emitidas en cada sector. Londres también baraja la introducción de un recargo económico para cada uno de esos permisos, a fin de persuadir a las compañías de que den prioridad a los trabajadores británicos sobre los extranjeros.
En suma, según desvela "The Times", la intención del Gobierno de Theresa May es que el principio de libre circulación de comunitarios siga en vigor y se le apliquen correctivos económicos para desincentivar la contratación de mano de obra extranjera. Quedan, sin embargo, por aclarar al menos dos cuestiones básicas. Por un lado, cuáles serían los derechos de los nuevos trabajadores comunitarios a la hora de acceder al sistema de sanidad pública o a ayudas sociales. Por otro, cuál será la postura general británica en materia de inmigración, uno de los asuntos que más preocupan con vistas a la tercera ronda de negociación con Bruselas, prevista para fin de mes.
La ronda negociadora tiene, para Bruselas, tres aspectos clave: el futuro estatuto de los comunitarios en el Reino Unido y de los británicos en la UE; el estatuto de la futura frontera entre las dos partes de Irlanda y la factura que abonará Londres para hacer frente a los compromisos plurianuales previamente adquiridos.
El Ejecutivo de Londres ha desvelado esta semana su postura oficial respecto a algunos de estos asuntos. Así, el pasado martes, el Gobierno indicó que buscará una ampliación temporal de la unión aduanera durante un periodo de transición de uno o dos años, para suavizar el impacto de "Brexit".
Esta pretensión, mal acogida por los grupos británicos partidarios de un "Brexit" duro, ha recibido de Bruselas la contestación esperada: el futuro de las relaciones bilaterales no será discutido hasta que las condiciones de la salida británica hayan sido negociadas.
El miércoles, el Ejecutivo británico dio a conocer su pretensión de que tras el "Brexit" no se reinstauren las fronteras físicas entre las dos Irlandas, suprimidas a raíz de los acuerdos de paz de Viernes Santo (1998) y cuyo restablecimiento podrán perjudicar el proceso de normalización de Irlanda del Norte. En cuanto a la factura británica, uno de los asuntos más espinosos, Londres no ha dicho nada esta semana, aunque días atrás dejo entrever que sólo está dispuesta a pagar 10.000 millones. Bruselas baraja entre 60.000 y 100.000.
