España aceptó ayer sin rechistar, tal y como había anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, los 14.931 refugiados que le ha adjudicado la Comisión Europea dentro del reparto comunitario de 120.000 de los desplazados, en su mayoría sirios, que se agolpan en Grecia, Hungría e Italia. Sumados a los 2.749 que el Ejecutivo ya había aceptado el pasado mayo, serán un total de 17.680 los refugiados que se instalarán en territorio español en los próximos meses.
La participación asignada ayer oficialmente a España es la tercera de la UE, detrás de la alemana (31.443 refugiados) y la francesa (24.031). Las cantidades son el resultado de un cálculo basado en cuatro criterios: la población, el PIB, el nivel de desempleo y el esfuerzo previo de acogida de cada país, con un peso en el cómputo de 40-40-10-10 por ciento.
El Ejecutivo explicó ayer que aún no sabe cuándo empezarán a llegar estas personas que huyen de las guerras de sus países de origen, pues depende del procedimiento que está diseñando la Comisión Europea y de los mecanismos establecidos en los países de procedencia, según la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Otro ministro, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, dio la dimensión militar a las medidas adoptadas ayer. En su opinión, que enlaza con un estado de ánimo cada vez más extendido en los despachos de los responsables militares occidentales, es precisa una intervención armada. Aunque no lo precisó, cabe suponer que esta intervención ha de ir más lejos que las actuales campañas de bombardeos de EE UU, a las que pronto se sumará Francia.
"Si hay un conflicto bélico en Siria sabemos lo que tenemos que hacer, porque la única manera de acabar con el DAESH (acrónimo árabe del Estado Islámico), con estos terroristas bárbaros, es exterminarlos y evidentemente la vía es la militar". Tras esta expansión, Fernández Díaz enlazó con la legalidad internacional para afirmar: "Pero eso no se puede hacer si no es de común acuerdo con la comunidad internacional y en el marco de la legalidad internacional, fundamentalmente de Naciones Unidas".
EE UU persiguió una intervención contra el presidente de Siria, Bachar al Asad, bajo el paraguas de la ONU, desde mediados de 2011 hasta avanzado 2012, momento en que tiró la toalla ante la determinación rusa y china de no aprobarla en el Consejo de Seguridad de la ONU. No se descarta que se estén produciendo movimientos entre bambalinas -vinculados entre otros aspectos a la crisis de Ucrania- que puedan quebrar tan rotunda negativa.
La propuesta de reparto fue hecha ayer en Estrasburgo por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien insistió en tres aspectos: la acogida es obligatoria para todos los estados miembros; quienes no la acepten serán sancionados con una cantidad destinada a ayudar a quienes sí colaboren, y, en tercer lugar, no se permitirá que los estados establezcan discriminaciones entre los refugiados en función de su religión. Este último aspecto se refiere a la actitud adoptada por algunos países centroeuropeos, que han exigido que sólo se les asignen refugiados de religión cristiana.
En su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, Juncker pidió solidaridad" y "valentía", a la vez que, con la vista puesta en el futuro, propuso la creación de un fondo fiduciario de emergencia de 1.800 millones de euros para hacer frente a las causas de la desestabilización, de los desplazamientos forzados y de la inmigración ilegal desde el Sahel al Cuerno de África, pasando por el norte de ese continente. También pidió componer una lista de países de origen seguros para agilizar el proceso de gestión de demandas de asilo. Con todo, Juncker consideró que sus exigencias de ayer son muy modestas, ya que, aseguró, desde principios de este año son 500.000 las personas que han llegado a Europa en busca de protección y asilo.
