La médica Laurence Tramois, de 35 años, y la enfermera Chantal Chanel, de 40, estaban acusadas de haber prescrito y administrado, respectivamente, una inyección letal de potasio a una mujer de 65 años, que padecía un cáncer de páncreas en fase terminal, en 2003.

La mujer, con la que la médica mantenía relaciones de amistad y casi familiares, estaba en coma pero sensible al dolor, agudizado por una obstrucción intestinal particularmente atroz.

La Fiscalía del Tribunal de lo Criminal de Dordogne (suroeste) había pedido dos años de prisión sin cumplimiento contra Tramois, acusada de "complicidad en envenenamiento", y un año igualmente sin cumplimiento para Chanel, imputada por "envenenamiento".

La condena dictada hoy contra la doctora Tramois no figurará en sus antecedentes penales, por lo que podrá seguir ejerciendo, y es la mínima prevista por el código penal para los hechos reprochados.

En su requisitoria, el representante del Ministerio Público había pedido a los miembros del jurado que dictaran la pena "mínima" contra la enfermera y que distinguieran entre las dos acusadas por considerar que la médica era "más responsable".

También había advertido a los jurados sobre las consecuencias de una eventual decisión de absolución, que podría ser explotada.

La defensa, por su parte, había pedido la absolución y denunciado la "hipocresía" del debate sobre la eutanasia en la sociedad.

En una réplica al argumento del fiscal de que la paciente no había dado su consentimiento explícito, subrayó que en el hospital "todo el mundo sabía" que la mujer deseaba "una inyección" para acabar con su agonía.

La médica aseguró ante la Corte que asumía sus acciones y que era un "acto de amor y respeto" por su paciente, a la vez que lamentó no haber telefoneado la noche de autos a la enfermera para explicarle su prescripción de la inyección.

La familia de la víctima ha mostrado su apoyo a las dos acusadas e incluso llegó a escribir al presidente, Jacques Chirac, para solicitarle que no se abriera ningún proceso contra ellas.

Las asociaciones en favor de la legalización de la eutanasia han aprovechado el juicio para reabrir el debate en Francia, puesto que consideran que es un buen ejemplo de la complicada situación que deben afrontar los médicos que aplican cuidados paliativos a enfermos terminales.

El proceso se abrió unos días después de que 2.000 médicos o enfermeros franceses firmaran un manifiesto en el que confesaban haber ayudado a pacientes a morir o estar dispuestos a hacerlo, una iniciativa destinada a pedir la despenalización de la eutanasia en determinados casos.

Según un sondeo de Sofres divulgado hoy, el 87% de los franceses se declara favorable a que las personas afectadas por enfermedades incurables tengan la posibilidad de pedir "la eutanasia".

El juicio ha recordado también al del año pasado contra la madre de Vincent Humbert, un tetrapléjico de 22 años que había pedido morir en numerosas ocasiones y que se había convertido en un símbolo de los militantes en favor de la eutanasia.

Tanto la madre de Humbert, que le administró barbitúricos, como el doctor que desconectó el respirador que le mantenía con vida fueron absueltos en una sentencia que fue acogida con júbilo por los pro-eutanasia.