La Consellería de Vivenda ha decidido suprimir el programa de Hipoteca Xove, que había sido una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno del PP. El departamento que dirige Teresa Táboas eliminará todas las ayudas que se destinaban a la compra de vivienda libre para concentrar el esfuerzo en aumentar la oferta de pisos de protección oficial. En opinión de la conselleira, la mejor manera de frenar el "espectacular" incremento del coste de la vivienda es sacando al mercado inmuebles más baratos, bajo algún régimen de protección, que reequilibren los precios.

La Hipoteca Xove se puso en marcha en 2003 en colaboración con varias entidades financieras con el objetivo de facilitar el acceso a un piso de los menores de 35 años. Mediante este programa, los bancos ofrecían a los jóvenes condiciones ventajosas para pagar el crédito, con un tipo de interés preferente. A ello se añadía una ayuda de la Xunta para los gastos de constitución de la hipoteca, que oscilaban entre los 1.000 y los 1.500 euros.

De la política de vivenda diseñada por el Bipartito desaparece la Hipoteca Xove como "producto bancario" y la subvención para cubrir los gastos de notaría se mantiene, pero sólo para vivienda protegida, de manera que la cuantía que se concede se reduce a 600 euros -máximo que puede costar constituir una hipoteca de un piso de protección pública, según las tarifas del Ministerio de Vivienda-.

"Un joven de menos de 35 años que pueda, por ejemplo, comprar una vivienda libre en el mercado no creo que necesite 1.500 euros para constituir la hipoteca", argumenta Teresa Tá-boas.

Además, Vivenda defiende que de las ayudas debe beneficiarse "quien más las necesite" y, según Táboas, las rentas más bajas demandan pisos de pro- tección pública. A este tipo de viviendas irán destinados todos los esfuerzos de la Xunta en materia de subvenciones.

Así, los jóvenes de menos de 35 años con ingresos inferiores a los 1.200 euros mensuales recibirán una ayuda de al menos 13.100 euros para adquirir un piso protegido.

Demanda

Sin embargo, el número de viviendas de protección en Galicia sigue siendo insuficiente para atender a toda la demanda. Sólo el 9 por ciento de los inmuebles que se construyen en Galicia tienen el aval de la Administración pública y, por lo tanto, derecho a recibir ayudas por su compra.

Los socios del Bipartito ha- bían recogido en su pacto de gobierno que pondrían en el mercado en esta legislatura 25.000 viviendas protegidas. La conselleira, sin embargo, asegura que antes de planificar la construcción de nuevos pisos es necesario conocer la "demanda real".

Para ello utilizarán el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida, que empezará a funcionar a partir de abril. En esta base de datos, que gestionarán los municipios, se inscribirán las personas interesadas en comprar uno de estos pisos. "Así sabremos en qué municipios hay más demanda y qué tipo de viviendas se piden", aclaró Táboas.

Además de incentivar al sector privado para que construya más obra protegida, la Xunta intentará convencer a aquellos promotores que construyan pisos en el mercado libre con un precio que se ajuste a los parámetros de vivienda pública para que incorporen estos inmuebles a la red de protección oficial.