La tijera de Bruselas duplica en una década la dependencia gallega exterior de pescado

Una sangría que coincide prácticamente con la década de implementación de la Política Pesquera Común (PPC) y que cogerá mayor velocidad tras la decisión de Bruselas de mandar al patíbulo a las artes de pesca de fondo, incluso las fijas como el palangre o las nasas, en aras de la protección de los ecosistemas. Está por determinar si la prohibición afectará a aquellos aparejos que no alcancen los 400 metros de profundidad. El hecho es que, en paralelo a la continua pérdida de capacidad pesquera, la dependencia de materia prima exterior se ha agigantado. Si en 2012 la compra de pescado alcanzó las 1.375 toneladas, el pasado ejercicio rondó las 2.300. Galicia pesca cada vez menos porque no puede, e importa cada vez más porque lo necesita.

Hay múltiples circunstancias sobrevenidas, pero la incorporación de España a la (entonces) Comunidad Económica Europea pilló a la flota peninsular con todo el pescado vendido. Bélgica, Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido se habían repartido ya el grueso de los totales admisibles de capturas; a España, con una cuarta parte de la capacidad de toda la UE, le correspondió en torno al 7% de promedio de cuotas.

La importación de especies como la sardina o el jurel se multiplica por cinco

Un desembarco de difícil digestión que propició un severo ajuste en el sector entonces –en la memoria queda la llamada flota de los 300 en Gran Sol–, y que continúa ahora. En los últimos diez años Galicia ha dejado atrás una quinta parte de su músculo pesquero (medido en toneladas de arqueo bruto o gross tonnage). Si la decisión de Bruselas de prohibir las artes de fondo en 87 áreas –son más de 16.400 kilómetros cuadrados– se ejecuta cualquiera que sea la profundidad, son más de mil los barcos en riesgo de desaparición. Otro 20% más y de una tacada.

Con menos embarcaciones en activo, y pese a las mejoras a bordo en favor de una mayor rentabilidad, el balance en primera venta refleja la progresiva pérdida de una “soberanía alimentaria” que se ha vuelto a poner de manifiesto tras la invasión de Ucrania con alimentos, todo tipo de materias primas industriales o energía. Durante todo 2012 los pósitos gallegos subastaron 175.000 toneladas de productos, sumando un importe total de 440 millones de euros. Ahora, y a pesar de que el precio medio aumentó de forma notable (de 7 a 9,7 euros el kilo), las lonjas no superan las 132.000 toneladas (un 25% menos), con una facturación de 425 millones de euros. En especies objetivo de la flota de bajura o litoral, como el jurel, la caballa o las sardinas, la importación se ha multiplicado hasta en quince veces. Este es el caso del jurel: Galicia pasó de importar 276 toneladas en todo el año 2012 a superar las 4.000 el pasado ejercicio.

El último órdago

Los detalles de la decisión postrera de la Comisión de Pesca, con el tándem Virginijus Sinkevicius y Charlina Vitcheva al frente, se desconocen; no se ha publicado la norma sobre los ecosistemas marinos vulnerables en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Como desveló ayer FARO, el veto a la pesca de fondo se adoptó a sabiendas de que se desconoce su impacto socioeconómico. En una las páginas del informe, elaborado por el ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano), y haciendo referencia expresa al “Golfo de Vizcaya y la costa ibérica”, admite que los datos son incompletos. Lo hace de este modo, textualmente: “Las circunstancias de las VME (Vulnerable Marine Ecosystems, ecosistemas marinos vulnerables): los datos son incompletos. Esto se puede mejorar capacitando a los observadores”.

Y zanja de este modo: “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”. Tanto el sector como las administraciones han exigido que se revierta esta medida, conocida únicamente hasta ahora por un comunicado de prensa, y trabajan en un posible recurso a la justicia comunitaria.