El empresario José Alberto Barreras, de mano de la administración concursal de Factorías Vulcano, ha respondido al escrito de la delegación del Gobierno con una manifestación clara de que no piensa retirar su proyecto. En este último, como avanzó ayer FARO, considera que la Autoridad Portuaria de Vigo obró conforme a ley al proceder al rescate de la concesión del astillero cuando éste entró en liquidación, y que el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra –que defiende la venta de las instalaciones navales con la concesión– “invade” las competencias de la entidad que preside Enrique López Veiga. Pero Grupo Argos, del veterano empresario de ascendencia viguesa, persevera en su intento de convertir la antigua Vulcano en un centro de construcción y reparación naval. A pesar del conflicto sobre la concesión, y pese a que ésta expira en todo caso –cualquiera que sea la decisión final de los tribunales– en 2027. En un escrito conjunto con la administración concursal, ha comunicado al juzgado la firma de un acuerdo para la compra a plazos de la unidad productiva.
Barreras ha abonado ya 350.000 euros, según pudo saber este periódico, y se ha comprometido a desembolsar 200.000 euros mensuales hasta el mes de marzo. Argos había solicitado un aplazamiento para el pago de la unidad productiva –valorada, en primera fase, por la administración concursal, en 7,85 millones de euros–, hasta la primavera de 2021. Si para entonces no existe acuerdo final para la antigua Factorías Vulcano, el empresario perdería todo el dinero depositado hasta esa fecha. Este acuerdo habilita la entrada de liquidez en la sociedad, permite costear gastos fijos y reducir la presión sobre la nómina de créditos contra la masa. Incluye la subrogación de las deudas de la compañía con el ICO, por importe de 2,5 millones de euros (el Fogasa, con otros 1,7 millones, rechazó esta opción). En la comunicación ambas partes piden al juez que autorice la venta de la unidad productiva, con la consiguiente petición para que no se inhiba en el procedimiento, al contrario de lo que ha solicitado la delegación del Gobierno.
En cuanto al Puerto, la mayoría de consejeros ya manifestó a López Veiga que no estaban dispuestos a que las instalaciones de Teis perdiesen la actividad de construcción y reparación naval, pese a que tanto el Consejo de Estado como ahora la propia Administración central defienden todos los pasos dados para rescatar la concesión.
