Puerto Madryn es el segundo puerto pesquero de Argentina, solo por detrás de las descargas computadas en Mar del Plata, con 121.421 toneladas en 2019. Esta actividad es, en el conjunto del país, una de las principales generadoras de divisas; el consumo de pescado allí es prácticamente residual y la inmensa mayoría del producto se destina a exportación. Y, salvo la paralización de algunas armadoras, ha continuado sus operaciones al ser considerada como "esencial" en la declaración de Estado de emergencia decretado el 19 de marzo ante la expansión de la pandemia Covid-19. Ahora el Gobierno local de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, ha decidido aplicar a la industria un impuesto extraordinario para que contribuya a paliar los efectos del coronavirus y los efectos del cerrojazo económico sobre la región. Las empresas tendrán que abonar entre 3,3 y 4,4 millones de pesos (entre 53.049 y 60.628 euros, al tipo actual de cambio). El sector ha replicado en tromba contra esta nueva tasa: "Viola principios constitucionales, es a todas luces irrazonable", arremetió ayer la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de la Pesca.
Puerto Madryn decretó esta tasa "solidaria" a través de una ordenanza que "excede" a las competencias municipales, de acuerdo a las pesqueras. "Nos lleva a estimar circunstancias que bajo condiciones normales ni siquiera habrían sido consideradas, pues en la tensión entre el derecho a la vida y la salud, debe prevalecer siempre la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que esto implique un riesgo a su estabilidad económica", reza el edicto público. "Resulta necesario -continúa- tomar medidas que le den a este municipio herramientas para atender la emergencia sanitaria y reducir el impacto que las medidas preventivas generan en la sociedad". Además de al sector pesquero, este nuevo tributo será de aplicación sobre las entidades financieras. Se ha anunciado como un impuesto "especial, único, extraordinario y solidario" para la creación de un fondo de emergencia. Eso sí, los expertos desconfían de su vigencia, ya que "la historia tributaria argentina demuestra que los impuestos extraordinarios llegan siempre para quedarse", como analizó para Revista Puerto el abogado madrynense Ricardo Gabilondo.
Para el gremio de capitanes, que dirige Jorge Frías, "no resulta válido sostener como única medida económica para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia recurrir a gravar una actividad como la pesca", máxime teniendo en cuenta su consideración de "esencial". Y, sobre todo, por el hecho de que "se encuentra trabajando a un 20 o 30 por ciento de su capacidad". De hecho la patronal en Argentina, agrupada en torno a Intercámaras de la Industria Pesquera, ha advertido de una caída de un 30% en las exportaciones de productos pesqueros para este año "en un escenario optimista". Esta organización incluye a la flota congeladora, de poteros, costera, frigorífica y transformadora del país. "Con este escenario, las exportaciones del sector en 2020 serían similares a las correspondientes a 2010, una década atrás", concluye el estudio, al que ha tenido acceso FARO. Las principales pesqueras gallegas operan en Argentina a través de filiales o participadas: Iberconsa, Nueva Pescanova, Profand, Vieira, Fandicosta, Lanzal o Videmar son algunas de las operadoras de referencia.
