La compañía que aspiraba a tener la primera mina marina fosfática del mundo vuelve a la carga y reactiva la pelea judicial para empezar a operar en aguas de Namibia, el tercer mayor caladero de la flota gallega. Según publican medios del país africano, la firma Namibian Marine Phosphate (NMP) ha demandado a las autoridades para que la justicia fuerce una nueva decisión sobre su solicitud de un certificado ambiental, el último paso que separa los planos de la realidad para este megaproyecto a solo 120 kilómetros del puerto de Walvis Bay. Desde la empresa, propiedad del millonario omaní Mohammed Al Barwani, entienden que la decisión no se puede dilatar más. De obtener el permiso, la minera planea trabajar durante los próximos 20 años, afectando al trabajo de más de 40 buques de capital gallego y dejando en el aire las casi 50.000 toneladas de pescado que Galicia importa cada año desde Namibia.
Hace poco más de un año Namibia daba un portazo a las aspiraciones de la empresa. El ministro de Medio Ambiente y Turismo del país, Pohamba Shifeta, decidía en junio de 2018 tumbar el certificado ambiental que él mismo había bendecido solo dos años antes, alegando que la Constitución le obligaba "a cuidar del medio ambiente de forma imperativa". Pese a que aquello se vivió como un gran noticia, la sociedad civil y el sector pesquero se lo tomaron con cautela, sabedores de que nada impedía que en el futuro se concedieran más permisos.
Ahora, NMP ha decidido desenterrar el proyecto e ir a por todas. Según recoge The Namibian, el jefe de operaciones de la minera, Michael Woodborne, acudió el pasado mes al Tribunal Superior de Windhoek para presentar una demanda contra el ministro Pohamba Shifeta, el comisario ambiental y el comisario ambiental adjunto. El medio local explica que Woodborne entiende que estas autoridades no están cumpliendo con sus funciones al no otorgar una respuesta a las solicitudes de la firma para obtener un certificado ambiental, algo que esperan desde principios de año.
El otro caso
Según Woodborne, desde el Ministerio de Medio Ambiente se escudan alegando la existencia de otro caso pendiente en los juzgados que afecta al proyecto minero, algo que, a su juicio, no tiene ver.
En concreto, se refieren a las tres organizaciones del sector que representan a la industria (la Confederation of Namibian Fishing Associations, la Namibian Hake Association y la Midwater Trawling Association of Namibia) y a la firma Omualu Fishing, que reclaman al tribunal que declare que la licencia emitida a NMP en julio de 2011 ha expirado porque no ha sido capad de sacar adelante el permiso ambiental en plazo. The Namibian informa que esta vista judicial tendrá lugar el próximo 10 de septiembre.
Tal y como recogió FARO a lo largo de todo el proceso, la propuesta de NMP no fue bien acogida por la sociedad. El llamado proyecto Sandpipe llevaría a remover y succionar los fondos marinos, lo que afectaría al ecosistema.
Edosa Omoregie, director del Centro de Recursos Pesqueros de la Universidad de Namibia, explicó en un entrevista concedida a FARO que la actividad "afecta a la reproducción de las especies más comerciales, ya que de esos sedimentos es de donde obtienen los nutrientes para mantener toda la cadena alimentaria".
