Los detractores de la Lei de Acuicultura de Galicia insisten en que la Consellería do Mar quiso "colarles" uno de los artículos más criticados, el de la intervención administrativa de las cofradías, mediante una ley de acompañamiento publicada en el DOG el 31 de octubre, y lo interpretan como una "traición".

Pero en la Xunta replican que regular la posibilidad de intervenir los pósitos no solo es necesario para actuar a petición de ellos mismos o en caso de detectarse graves irregularidades, sino que es una medida imprescindible para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así las cosas, mientras ayer se celebraban nuevas asambleas en las que se acusaba a Mar de querer "cargarse" los pósitos, en la Consellería explicaban que "en 2009 una sentencia del TSXG anuló el artículo del Decreto de Cofradías por el que se regulaban las intervenciones de los pósitos hasta entonces, y lo hizo alegando que era preciso afrontar esa regulación mediante una norma con rango de ley".

Fue así como en 2014 entró en vigor el nuevo Decreto de Cofradías, aunque en el nuevo texto no se atendía tampoco la obligatoriedad establecida en la citada sentencia en el sentido de dictar una norma con rango de ley.

En el departamento que dirige Rosa Quintana añaden que "dado el vacío legal existente" se decidió atender el requerimiento judicial a modo de disposición adicional en el anteproyecto de la Lei de Acuicultura de Galicia, aún a sabiendas de que la intervención administrativa de los pósitos no es algo necesariamente ligado a la actividad acuícola que se pretende regular.

Paralelamente, y dado que la tramitación de esta ley de acuicultura iba a ser larga -y eso que aún no se sabía que el anteproyecto iba a quedar paralizado como lo está en la actualidad-, lo que hizo la Consellería do Mar fue incluir la posible intervención administrativa de las cofradías en la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas de la Xunta, "con el propósito de dar una solución legal a las cofradías que solicitaron poder ser intervenidas por la Xunta".

Para abundar aún más en sus explicaciones, la Consellería do Mar resalta que algunos pósitos "pidieron oficialmente la intervención administrativa de sus órganos de gobierno debido a cuestiones económicas, de ahí que la Xunta decidiera regular esta posibilidad, tratando de llenar el vacío legal existente en la materia y prestar la asistencia requerida por los pósitos".

Hay que incidir en que la ley publicada el 31 de diciembre contempla un plazo máximo de intervención administrativa de doce meses y la convocatoria de elecciones, al igual que se establece que, en caso de considerarse que una cofradía es inviable económicamente, ésta puede quedar disuelta por decisión del Consello da Xunta.