El origen fue un pleito civil menor que se dirimió en Cambados. Un problema de una salida de humos. Era 2015. Por algún tipo de discrepancia con la abogada, una de las partes se querelló contra ella. Y como si de una bola de nieve se tratase, la cosa fue haciéndose cada vez más grande. Como no les daban la razón, los denunciantes fueron promoviendo diligencias penales, recursos, incidentes de recusación y quejas que fueron fracasando una tras otra. Y eso llevó a que se fueran posicionando en contra de todos los operadores jurídicos que, de una manera u otra, fueron interviniendo en estos procesos. Las cifras dan vértigo, porque finalmente se querellaron contra 65 jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados de distintos puntos de Galicia, algunos del más alto nivel por los cargos que desempeñan. Entre ellos había varios magistrados de Vigo. El caso llegó al Tribunal Supremo, que tras este rosario de querellas y tras incoar una causa especial, en el verano de 2021 las inadmitió. Y ahora, en 2022, acaba de sancionar a quienes las promovieron. Son concretamente dos particulares y dos abogados multados cada uno con 5.000 euros por conculcar con su proceder “las reglas de la buena fe procesal” incurriendo en un “manifiesto abuso de derecho”. Las imputaciones “sin base objetiva alguna” y el “uso banal del proceso penal” motivan la censura realizada por el Alto Tribunal.
La ingente cantidad de delitos que los querellantes atribuyeron a todos estos juristas llama la atención. Deslealtad profesional, estafa, prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia, gestión interesada, falsedad, divulgación de secreto profesional, tráfico de influencias, detención ilegal y hasta pertenencia a organización criminal figuran en la querella o en las sucesivas ampliaciones que se fueron agregando a lo largo de los años. La abogada de ese pleito civil de 2015 y varios familiares, jueces y fiscales que intervinieron en los distintos procedimientos, magistrados de la Audiencia Provincial de Pontevedra que resolvieron los recursos, fiscales jefes, fiscales superiores, los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Pontevedra y hasta fiscales del Tribunal Supremo o cargos judiciales y policiales de La Rioja estaban en el punto de mira de los denunciantes. Entre ellos había varios profesionales de Vigo: jueces que forman parte de la Sala de Gobierno del TSXG y al menos un magistrado de la sección penal de la Audiencia y la letrada de la Administración de Justicia de esta sala. A nivel de toda Pontevedra la lista de nombres se dispara, pero entre otros se citaba al fiscal jefe provincial o al secretario coordinador.
Inadmisión
La querella, convertida en causa especial al haber 21 aforados entre los 65 denunciados, se acabó estrellando en el Tribunal Supremo. La causa ya se inadmitió el pasado 2021 pero, por las singularidades del caso, se acordó abrir una pieza separada “a los efectos de examinar si ha existido abuso de derecho o mala fe procesal” por parte de quienes impulsaron tal macrolitigio. Y esto es precisamente lo que se acaba de concluir en un auto del pasado febrero, confirmado hace dos semanas, que multa con 5.000 euros a los cuatro querellantes, dos de ellos abogados, por lo que también se da traslado al Colegio de Abogados de Madrid “por si pudiera proceder” alguna “sanción disciplinaria”.
El dictamen judicial
Un “metódico y continuo abuso de derecho”
La querella inicial y sus ampliaciones son “muestra de un metódico y continuo abuso de derecho, donde de forma sistemática toda parte, letrado, fiscal o magistrado, que se opone a sus intereses, informa de modo contrario o resuelve sin atender a sus peticiones es objeto de querella”
Imputaciones “graves” y carentes “de base objetiva”
“Imputaciones como las de prevaricación o pertenencia a grupo criminal, entre otras muchas, se hicieron de forma sistemática acompañadas de descalificaciones nominativas personales [...] Se trata de imputaciones extremadamente graves y carentes de base objetiva”
“La parte querellante interpuso querella contra todo aquel que mantenía una posición contraria a sus pretensiones o intereses, afirmando la comisión de delitos tan graves como la prevaricación o pertenencia a grupo criminal, entre otros muchas”, expone el Supremo. Y todo ello aparecía mezclado con “descalificaciones nominativas personales” . Las imputaciones eran “extremadamente graves” y “carentes de base objetiva”. Y la lista de querellados, “desmesurada”. Un “abuso procesal”, manifiesta, que merece una “reacción firme” ya que las denuncias fueron “patentemente gratuitas”. El Alto Tribunal reflexiona que si cada vez que un magistrado dicta sentencia siente sobre sí “la espalda de Damocles” de una querella, “estaremos sentando las bases de unos jueces subliminalmente condicionados, muy distintos a los que quiere la Constitución y exige nuestra sociedad”.
