Aunque la subida del IPC anual suele estar contemplada tanto en los convenios reguladores como en las sentencias judiciales, en los casos de separación o divorcio con pensiones alimentos con menores a cargo, de forma general, no se estaba aplicando, hasta ahora. Y es que la subida generalizada de precios en todos los imprescindibles que involucran la crianza de un menor hace que la pensión asignada sea insuficiente para hacer frente a los gastos del mes. “Junto con los habituales temas de demanda como los cambios en el régimen de visitas, la modificación en la pensión de alimentos también es otro de los reajustes más solicitados por los padres o madres separados, pero en esta ocasión, más si cabe aún, con la situación de inflación que estamos viviendo”, explica Shaila Ferreira desde el departamento de asesoría jurídica de Asdim Vigo, asociación de madres y padres separados. Sin embargo, en este tipo de acuerdos se recomienda hacer extrajudicialmente ya que las reclamaciones tanto por las actualizaciones del IPC en las manutenciones, como las renegociaciones de la misma, en el caso de no cumplirse e ir por la vía civil para solicitar una ejecución de sentencia o interponer una demanda, suele ser más costoso que la cantidad a reclamar. “Lo que se suele hacer es juntar todos los atrasos de esa actualización no abonada por un máximo permitido por ley de 5 años y reclamarlo en otro procedimiento como un incumplimiento de visitas”, matiza la abogada viguesa de familia, Isabel Olcina.
Renegociar las condiciones
Las cuentas no salen. Los productos y alimentos se han encarecido hasta un 30% y los progenitores custodios tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes con los mismos ingresos. Por eso, muchos de ellos, se han visto en la obligación de solicitar la modificación de medidas en la pensión de alimentos. “Sí, hemos recibido en el despacho varias demandas que van en esa dirección, no tanto para que se aplique la subida del IPC, sino más bien, para renegociar la cuantía de la manutención porque el coste de la vida ha subido y a los padres que reciben esa pensión les resulta difícil llegar a todos los gastos. Pero la otra parte también suele argumentar la misma consigna, por lo tanto es muy complicado el nuevo acuerdo”, destaca el abogado Carlos Borrás.
Jurisdicción voluntaria
Para aquellos casos en los que ambos progenitores no se pongan de acuerdo en una cuestión sobre el menor que no admite demora, como la matriculación del niño en o niña en determinado colegio o la celebración de la comunión, existe el procedimiento de jurisdicción voluntaria a la que todo ciudadano puede acogerse, y en la que, en un espacio corto de tiempo, el juez deberá pronunciarse. Para llevar a cabo esta demanda judicial exprés, no es necesario contratar un abogado ni un procurador, “aunque por norma general todo el mundo que solicita la jurisdicción voluntaria suele ir con letrado porque al final sí que se celebra un juicio, hay que redactar la demanda y presentar las pruebas y trazar una línea de defensa”, subraya Olcina.
Entre otros, los procedimientos de jurisdicción voluntaria –daro que deben ejecutarse en un breve espacio de tiempo– en muchas ocasiones, obstaculizan la celeridad de las causas de familia en los juzgados de Vigo, que continúan “con grandes atrasos” por la falta de personal suficiente.
