Para determinar si un órgano judicial se encuentra saturado, el Consejo General del Poder Judicial establece un módulo de entrada de asuntos; esto es, la carga de trabajo que puede soportar cada juzgado al año. Para ello se fija un máximo de procedimientos que, en ningún caso, deberían rebasar ya que evidenciaría la necesidad de un refuerzo.
A tenor de las últimas estadísticas facilitadas por la Oficina de Registro y Reparto, el partido judicial de Vigo necesitaría al menos tres salas más para cumplir con los ratios recomendados por el CGPJ.
Concretamente, esta urgencia afecta a las jurisdicciones Social y Civil, así como al tribunal especializado en materia de lo Mercantil. También Familia y Penal cerraron el año rozando prácticamente el número de asuntos máximos que aconseja el Poder Judicial.
Empezando por la situación en los juzgados de Social, el Consejo establece un módulo de entrada de 800 asuntos por año y juzgado. En Vigo, los siete órganos –uno de ellos empezó su actividad a finales de marzo– recibieron un total de 6.489 casos, 927 cada uno, superando en más de un centenar los asuntos recomendados.
Lo cierto es que esta jurisdicción se ha ido reforzando en los últimos años con dos nuevas salas, si bien parece que todavía se hace necesario otra medida de refuerzo para cumplir con los módulos de entrada aconsejados.
En cuando a Civil, la situación también es compleja, y más lo será a partir de este año, ya que los once juzgados de Primera Instancia –sin contar los especializados en Familia y el que resuelve los pendientes de cláusulas suelo– deberán asumir ahora todos los nuevos asuntos en materia de suelo y abusos hipotecarios.
“Elevada pendencia”
Así, en total cada uno de estos órganos recibió 1.224 casos el año pasado, superando al millar de procedimientos que recomienda el Poder Judicial. En este caso, el propio CGPJ ya evidenció en sus inspecciones a estos juzgados la “elevada pendencia” de asuntos pendientes de incoar en estas salas, interesando las causas que han generado esta situación así como “posibles soluciones”. Los letrados de la Administración de Justicia reivindicaron ya en varias misivas la necesidad de otro órgano de nueva creación. El alto nivel de casos en trámite los conforman las demandas contra las tarjetas revolving y más especialmente los procedimientos monitorios instados por los conocidos como fondos buitre.
A colación del Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, los datos son los obtenidos en 2020, reflejando también la necesidad de otra sala. Así, el Consejo establece un módulo de entrada máximo de 435 asuntos, casi duplicando el ubicado en calle Lalín esta cifra: 864 procedimientos. Parte del grueso de su trabajo, que son las demandas contra las compañías de transporte, fundamentalmente, las aerolíneas, dejarán de ser competencia de estas salas –pasando a primera instancia–, si bien recuperarán los concursos de acreedores de personas físicas.
Por debajo de los módulos establecidos se encuentran los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Instrucción, Violencia sobre la Mujer, Penal y Familia. Estas dos últimas prácticamente rozan el máximo aconsejado con 398 casos por órgano (400 es el máximo recomendado) y 1.300 (1.323) respectivamente.
