La AP-9 y sus peajes siguen en el centro del tablero público. Apenas 24 horas después de que la Comisión Galega da Competencia incidiese en que una de las cláusulas de la concesión restringe la revisión de tarifas durante los últimos diez años del contrato, la asociación de consumidores En-Colectivo salía ayer a la palestra para apuntar a otra de las polémicas que rodean a la gestión de la autopista: la legalidad de sus prórrogas.
La entidad recuerda que hace cerca de un mes la Comisión Europea se dirigió al Gobierno de España para que “solucionase las ilegalidades cometidas en la concesión de las prórrogas” de la Autopista del Atlántico y censura que, desde entonces, no se hayan dado “movimientos claros” para la anulación de los acuerdos con Audasa.
En-Colectivo lanza una llamada a políticos, empresarios, administraciones y organismos de Galicia para que “se impliquen” y “conviertan en difusores y promotores” de la recogida de firmas impulsada por la propia asociación con el fin de que el Ejecutivo “asuma las consecuencias de las ilegalidades cometidas con las prórrogas”. “Demandamos su apoyo para demostrar al Estado la unidad de todos los gallegos y para pedirle que deje de aislar a Galicia y asumir el costo de unos peajes que no nos corresponden desde que finalizó la concesión en 2013”, anota su presidente.
La Xunta ha remitido también una carta al Gobierno para solicitar una reunión “urgente” en la que abordar el informe de Competencia y “revisar las subidas extraordinarias” de peajes en la AP-9”. El organismo recuerda que hay un dictamen del Consultivo de 2020 que apunta en la misma dirección.
