Los propietarios de varios negocios de la calle Elduayen, en las inmediaciones de Porta do Sol y conocidos como arrendamientos de “renta antigua”, recibieron por parte del Concello de Vigo sendos requerimientos para abandonar antes del 31 de diciembre 2019 sus locales por expirar el plazo del contrato. Algunos cerraron y otros se mudaron a bajos colindantes. En cambio, la responsable de la tienda de ropa y complementos “Kilómetro Zero” no consideraba ajustada a derecho esta orden de desalojo al considerar que el organismo local realizó una interpretación inadecuada de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994; concretamente de su Disposición Transitoria Tercera.
Sin límite al contrato
Tras una primera anulación de esta resolución municipal por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó esta sentencia ratificando que el traspaso o subrogación del negocio se realizó años antes de la aplicación de esta LAU, por lo que pueden continuar con el arrendamiento hasta su jubilación o fallecimiento, sin que en absoluto les afecte la limitación de 20 años de duración del contrato.
El plazo de recurso ha concluido sin que por parte del Concello se recurriese en casación.
Decreto Boyer
El anterior arrendador de este local lo traspasó a la actual responsable el 26 de abril de 1990. Como el primero se escrituró antes de la entrada del conocido como Decreto Boyer –en el que se suprimiría el carácter forzoso de la prórroga de los arrendamientos urbanos–, este traspaso a la actual dueña supone “una continuación con todo el contenido”, incluido este derecho a la prórroga forzosa o vitalicia, es decir, que pueda continuar con el mismo hasta su fallecimiento o jubilación; pretensión que no pasa por la cabeza de la responsable de la tienda de moda y complementos.
“Fue un traspaso autorizado por el Ayuntamiento en favor de ella, manteniendo la duración contractual en favor de ella sin que hubiese un plazo determinado”, explica el abogado de la propietaria, Juan José Yarza.
Jubilación y fallecimiento
Este argumento se sustenta en el razonamiento de la propia sala del Alto tribunal gallego, al no incluirse en el nuevo contrato “previsión alguna en orden a su duración, pese a que en 1990 ya estaba vigente el Decreto Boyer, con la posibilidad de establecer limitaciones en cuanto a la duración, por lo que persiste la situación del cedente [...]; el presente arriendo no se ha extinguido por no haberlo manifestado la arrendataria, que no se ha jubilado ni fallecido”.
Subrogaciones
A mayores, esta sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG incide también en que no se ha sobrepasado el número de subrogaciones del negocio permitidas por la Ley. Concretamente, matiza que no se ha producido la “la subrogación de eventuales descendientes ni le es aplicable la referencia a traspaso realizado en los 10 años anteriores a la entrada en vigor de la Ley, que se ciñe a los casos en que el arrendatario o su cónyuge traspase el local de negocio, por lo que, el Concello pretende una extinción del contrato sin fundamento jurídico”.
Esta sentencia no puede hacerse extensible al resto de negocios de la calle Elduayen que recibieron un mandamiento de desalojo del Concello, ya que están sujetos a otros contratos y a más subrogaciones.
Obras en Porta do Sol
Precisamente, la decisión del Concello a no seguir prorrogando la concesión de los negocios coincidió con el inicio de las obras de peatonalización de Porta do Sol, a comienzos del 2020, que pretende la construcción de un túnel de 400 metros de longitud desde Policarpo Sanz hasta el final de Elduayen. La intervención originará una gran explanada de 8.000 m2 para uso y disfrute peatonal. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 17 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, hasta 2022.
