Si los monitorios –un procedimiento para el cobro de pequeñas deudas– ya traen de cabeza a los juzgados civiles con una entrada de asuntos elevadísima, localizar a los deudores se ha convertido en verdadera misión imposible. Y es que prácticamente el 90% de estos requerimientos de pago acaba directamente en ejecución a no haber respuesta por parte del demandado; bien porque los funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos no logran localizarlos por su cambio de dirección, bien porque optan por no recoger dicha notificación de demanda. “Es un proceso que se eterniza”, cuenta una de las letradas de la Administración de Justicia.
Junto a los fondos buitre, que son los principales demandantes de estos monitorios, esta profesional también destaca la interposición de demandas por impagos en cursos de formación o incluso cuotas de la comunidad. “Este caso es el único en el que el requerimiento no tiene que ser personal”, esgrime.
