Los juzgados civiles de Vigo están suspendiendo numerosos desahucios por impago de alquiler debido a la crisis económica que provoca el COVID-19. Una situación que tiene un importante impacto en la oficina judicial que se encarga de ejecutar estos lanzamientos, que está viendo como aproximadamente la mitad de los desalojos que llegan a sus manos acaban aplazándose, algunos in extremis, como consecuencia de la medida aprobada por el Gobierno central para supuestos en los que se detecte una situación de vulnerabilidad económica. Son, eso sí, suspensiones temporales que, en la mayoría de los casos, se conceden por el plazo de un mes, período en el que los servicios sociales deben buscar una alternativa para estas familias. Pero hay casos excepcionales, por la extrema precariedad de los inquilinos, en los que el desalojo está paralizado desde hace meses y así seguirá hasta que concluya el estado de alarma.
De los desahucios se encarga el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, ubicado en el Casco Vello. En condiciones normales harían unos cinco lanzamientos diarios. “Pero ahora la mitad se están suspendiendo”, afirma Fernando Varela, el letrado de la Administración de Justicia de la oficina judicial. Quienes los aplazan son los juzgados de Primera Instancia, siguiendo lo marcado en los reales decretos gubernamentales de la pandemia.
La medida que permite la suspensión está pensada para los supuestos de viviendas en alquiler. ¿Cómo es el proceso? Pues en el decreto de admisión a trámite de la demanda de desahucio del que se da traslado a las partes, el juzgado ya indica al inquilino moroso que en caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad puede dirigirse a los servicios sociales –a los de la Xunta o a los del concello donde resida– o bien puede dar permiso al tribunal para que sea éste el que ceda sus datos.
Si los servicios sociales ven una difícil situación de la persona o la familia que se va a quedar sin vivienda, lo comunica en un informe al juez, que procede a parar temporalmente el lanzamiento a la espera de que los profesionales intenten tramitar ayudas económicas como el Risga o el salario mínimo vital o buscar una alternativa habitacional para los afectados.
Familias en dificultades
“La suspensión suele ser por un período de un mes; después ya se suele ejecutar el desahucio”, afirma Fernando Varela que indica que, aunque en esto existe también “mucha picaresca”, lo cierto es que ya se está empezando a notar que en los últimos meses muchos impagos de alquileres de viviendas “están muy condicionados por la pandemia”. “Se está detectando en estos procedimientos que hay gente que atraviesa serias dificultades por haber perdido el empleo, por estar en ERTE... Los servicios sociales tienen mucho trabajo”, valora.
En casos excepcionales se puede parar al desalojo durante un período más prolongado de tiempo, concretamente hasta que finalice el estado de alarma –que está previsto que concluya el próximo 9 de mayo–. Hay algún asunto en Vigo en el que, confirman fuentes judiciales, se adoptó esta decisión.
La otra cara de la moneda: “Hay caseros que, sin cobrar esa renta, se quedan en una situación precaria”
Un desahucio por el impago del alquiler de una vivienda no se puede paralizar de forma indefinida. Porque, avisan en los juzgados, junto a la situación del inquilino también hay que valorar la del arrendador: en muchos casos el que no se abone la renta mensual también causa severos perjuicios al casero. “Hay arrendadores que tienen una pensión baja y sin lo que reciben a mayores del alquiler se quedan en situación precaria”, afirma el letrado judicial Fernando Varela.
Y prosigue: “Hay que ver también la otra cara de la moneda, porque cuando el que alquila es un particular, con los impagos ve su economía mermada. ¿Cuánta gente hay por ejemplo que paga la hipoteca de su nuevo piso con lo que le obtiene del antiguo?”. Los juzgados vigueses ya tienen esto en cuenta. Cuando suspenden un desahucio por vulnerabilidad de un inquilino moroso dan traslado al casero para que a su vez exponga si él atraviesa dificultades económicas. De hecho, recientemente un juez denegó aplazar un lanzamiento porque el arrendador sufría mayor vulnerabilidad que el inquilino: su único ingreso mensual era la renta que percibía del alquiler de ese piso.
