La pandemia ha afectado, y lo sigue haciendo, a numerosos aspectos de la vida diaria de las personas. Prácticamente se ha contado todo ya, pero se han dejado pasar por alto las repercusiones que las restricciones tienen en las comunidades de vecinos, es decir, en los edificios de viviendas. Por regla general, la Xunta solo permite en la actualidad reunirse a un número reducido de personas que no conviven juntas en espacios cerrados. Y hasta hace escasas semanas esos encuentros estaban prohibidos. Por eso la mayoría de comunidades de vecinos de la ciudad llevan más de un año sin poder convocar a todas las personas residentes a las tradicionales juntas de propietarios, que aprueban cuestiones básicas para el funcionamiento diario del inmueble, también obras. Todos estos encuentros se están aplazando hasta que se alivien las medidas y ello está provocando problemas de funcionamiento en varios inmuebles.
Por ejemplo, la paralización de obras que en muchos casos requieren el visto bueno de los propietarios. Se han dado casos en la ciudad de familias que han querido acometer reformas en su vivienda pero al ser necesaria la aprobación en junta de vecinos todavía no se han podido realizar. También reformas por daños en tejados, por ejemplo en un inmueble de la calle Romil, que está a la espera de aprobación hasta que la situación se normalice. Según varios administradores de Vigo, son decenas las obras que se han tenido que aplazar por la imposibilidad de juntar a los vecinos en un mismo espacio para que puedan votar sobre estas actuaciones. No obstante, tal y como señala Roberto González, administrador de fincas de Segurcom, las obras de mantenimiento y las más urgentes se ejecutan de oficio, es decir, los vecinos delegan su voto en el presidente de la comunidad y este lo traslada al propio administrador para que realice los trámites necesarios. Es la única solución posible para dar salida a actuaciones urgentes.
Pero decisiones tan importantes como el arreglo de un tejado, rehabilitar una fachada, poner un ascensor, aprobar unos presupuestos o reclamar deudas a los propietarios morosos, entre otras, requieren del acuerdo de la junta, y si ésta no se reúne no se puede hacer nada, lo que puede tener consecuencias nefastas para la comunidad. La solución a este problema sería la celebración de reuniones telemáticas, pero el vacío legal existente complica que las decisiones sean tomadas de forma virtual.
“Lo que ocurre es que la Ley de Propiedad Horizontal no incluye la modalidad online, y aunque no tienen por qué considerarse nulos los acuerdos tomados a través de esta vía (si se cumplen determinados requisitos), es posible que las decisiones tomadas en las juntas telemáticas sean impugnadas judicialmente, lo que puede crear futuros problemas para la comunidad”, señalan desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia.
“Desde hace meses se está intentando a través del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas para que se cambie la normativa porque así no podemos seguir, pero la cosa va lenta”, agregan.
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación de edificios, en Galicia, a diferencia de otras comunidades autónomas, sí se pueden solicitar aunque no haya un acta de propietarios que lo recoja expresamente en aquellas fincas que no cumplen los requisitos para reunirse presencialmente. Gracias a la colaboración con el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), sólo es preciso un acuerdo firmado por la mayoría de los vecinos de la comunidad que recoja la voluntad de solicitar la subvención, que incluya la manifestación expresa de que deberá ser ratificado y aprobado cuando se pueda celebrar la junta de propietarios.
Desde hace unas semanas, con la relajación de las medidas, administradores de fincas de Vigo han comenzado a convocar pequeñas reuniones con cuatro vecinos (el máximo permitido) para tratar temas de interés comunitario.
Administradores elaboran un manual para evitar la okupación
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia ha elaborado un breve manual con claves para poner freno a la okupación y que está dirigido a propietarios, arrendatarios e inquilinos. Uno de los principales consejos es que, en el interior de los bloques de viviendas, se vigilen con frecuencia las zonas poco transitadas como el acceso a los trasteros o a los áticos por si alguien ajeno al inmueble decide instalarse allí. También advierten que si se detectan restos de comida, colillas u objetos raros en algunas zonas del edificio, “lo mejor es llamar a la Policía para que tome medidas”
