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Los concursos de acreedores de familias endeudadas se disparan en Vigo

Foto de archivo de funcionarias trabajando en un juzgado vigués. // FdV

Foto de archivo de funcionarias trabajando en un juzgado vigués. // FdV

Los concursos de acreedores de empresas se han frenado en seco. Esto no significa que no haya negocios de la más diversa índole que estén atravesando serias dificultades. Todo lo contrario y más con la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus. La razón de que los edictos oficializando la suspensión de pagos o la quiebra de una empresa no abunden es la moratoria del Gobierno central por el COVID-19, eximiendo a las industrias del deber de solicitar el concurso. En vigor hasta este 14 de marzo y a la espera de si se prorroga o no, lo cierto es que esta situación se produce al tiempo que se consolida un fenómeno que cada vez tiene más fuerza: el de los particulares ahogados por las deudas que se declaran en concurso. Desde que arrancó el año en los juzgados de Vigo se presentaron una media de dos concursos semanales relativos a familias. Frente a ello, apenas hubo de los de empresas: el de un parque de bolas y el de un comercio de ropa infantil fueron los únicos declarados y publicados en el tablón de anuncios judicial en este arranque de 2021.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó ayer los últimos datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, lo que permite hacer ya un balance completo de 2020, año en el que, como ocurrió en el resto de ámbitos, la Administración de Justicia se vio muy condicionada por la pandemia. Y los datos de los concursos de acreedores son significativos. En los juzgados vigueses y del resto de la provincia de Pontevedra hubo 239 procesos: 107 de empresas y 132 de personas físicas.

Por primera vez, los de familias superan a los de negocios. Y este alza contribuye a que la cifra global se haya disparado: un 115% en cinco años y un 41% con respecto a 2020. “Los concursos de particulares están aumentando de forma notoria, es un fenómeno llamativo”, confirman en un juzgado de Primera Instancia, los que tramitan estos pleitos. Cuando son de empresas o de personas físicas autónomas con un pequeño negocio, la competencia es de la sala de lo Mercantil.

Hugo Barreiro.

Sectores afectados

El coronavirus ha afectado de lleno a muchos sectores. Un claro ejemplo son la hostelería o el comercio. Abogados vigueses explican que los créditos ICO, los ERTES y hasta los ahorros con los que contaban algunos pequeños empresarios contribuyen a que muchos negocios estén “aguantando”. Pero creen que una vez concluya la moratoria aplicada por el Gobierno para los concursos de acreedores, estos procesos se dispararán entre las empresas. “Sí, es previsible que haya ese aluvión”, vaticina el letrado Carlos Borrás, que incide, pese a las dificultades, en que esta figura hay que tratar de verla como una “segunda oportunidad”, y no como “una quiebra directa”.

Los que sí crecieron en 2020 y en los primeros meses de 2021 son los concursos de particulares. “Lo más importante es que los afectados se atrevan a dar el paso: que reconozcan que tienen deudas y dejen atrás la vergüenza que genera esta situación”, dice el abogado David Alfaya, que explica que hay personas que llegan a la quiebra tras un hecho traumático como un despido o un divorcio, pero que hay otras que lo hacen a raíz de un endeudamiento a base de tarjetas y créditos que genera una “bola de intereses” que derivan en este problema grave.

Vivienda con hipoteca

El objetivo de los concursos de personas físicas es quedarse sin deudas: empezar de cero y tener una segunda oportunidad. La mayoría de particulares que acaban en un concurso carecen de bienes. ¿Y qué ocurre si dispone de una vivienda en propiedad de la que sigue abonando la hipoteca? Alfaya afirma que estos casos hay que mirarlos con lupa. “La ley dice que esa casa es un bien a liquidar, aunque hay sentencias que interpretan que si los pagos hipotecarios están al día, la liquidación causaría más perjuicios tanto para el acreedor como para el deudor”, señala. En todo caso, su postura en estos supuestos es estudiar a fondo los casos, porque en algunos no valdrá la pena optar por acudir al concurso.

Los pleitos de despidos crecen y sigue el colapso de cláusulas suelo: 3.600 casos atascados


El de los concursos de acreedores es un perfecto indicador para analizar en tiempos de crisis económica. Pero no es el único. Y un estudio de los datos de 2020 evidencian que las demandas de despido y las de reclamaciones de deudas están claramente al alza en los juzgados de Vigo. También hubo un repunte, aunque muy ligero, de las ejecuciones hipotecarias.

Lo que descendió, a la cifra más baja de los últimos años, fueron los desahucios. Durante el pasado año se registraron 1.813 pleitos de despido en los tribunales de lo Social de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra. Es la cifra más alta desde 2014, año en el que aún se notaban los último coletazos de la grave crisis de 2008. Precisamente, la elevada litigiosidad laboral es la causa de que este mes arranque en Vigo un nuevo juzgado de lo Social, el número 7.

Otras salas olívicas donde la actividad es elevada son las de Primera Instancia. De hecho, esta semana arrancó un plan de refuerzo de dos juezas que prestarán apoyo en esta jurisdicción. El pleito estrella es el monitorio, que sirve para reclamar deudas y que está siendo usado de forma masiva por los fondos buitre. Pues bien, en 2020 hubo en toda la provincia 15.244 asuntos de estas características, la cifra más abultada de la última década. A los tribunales civiles también les compete las ejecuciones hipotecarias. En 2020 hubo 344. Son un 12% más que el año anterior, cierto, pero sigue siendo una cifra que está muy por debajo de la de los años más duros de la crisis: en 2012 se llegó a los 1.200.

Menos desahucios

Y sobre los desahucios –la mayoría por impago de alquiler–, hubo un notorio descenso: fueron 435. En ejercicios anteriores la cifra casi siempre superaba los 600. En relación con los procedimientos civiles por ocupación de viviendas, fueron 31, la mitad que en 2019. Y en cuanto a las demandas hipotecarias, las de cláusulas suelo, entraron un total de 1.074. El ritmo bajó –en 2017 se superaron las 2.600– pero el juzgado especializado sigue sufriendo un gran colapso. Hay aún 3.600 casos pendientes de resolución.

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