Mil quinientos alumnos. Esta es la diferencia entre la matrícula en educación pública y concertada en la ciudad, a favor de la segunda. La demanda de esta última es claramente superior y no solo las aulas refrendan esta estadística. La explanada del museo Verbum, en Samil, fue ayer también testigo de ello. Cientos de padres, madres, familias enteras, así como docentes y directores participaron de una gran concentración contra la ya aprobada por el Congreso ‘Ley Celaá’, que limita, en sus palabras, la decisión de los progenitores para elegir la educación de sus hijos en lo que definen un “recorte en su libertad”. “Educación pública, privada o concertada han convivido perfectamente, preferir una no implica el menosprecio a la otra. Defendemos también la pública, por supuesto, pero queremos poder elegir el tipo de educación que reciben”, coinciden varios de los asistentes, así como en calificar la nueva norma de “radical”.
Lo cierto es que la movilización contó con un apoyo masivo que demuestra la clara preferencia de las familias viguesas. Por motivos de proximidad, comodidad u otras razones fueron casi 20.000 –a datos del curso pasado– los alumnos matriculados en centros subvencionados por la Xunta mientras que 18.263 lo estaban en colegios e institutos públicos; una brecha que ha sido constante a lo largo de los últimos años en Vigo.
Pero, ¿qué expone esta nueva ley educativa? ¿Con qué criterios discrepan más? La comunidad educativa que ayer se echó a la calle recalca tres. Por un lado, la retirada del castellano como lengua vehicular, la limitación de la educación especial y, por encima de todo, el “cerco” a la concertada. “No puede ser que no haya término medio; o nos vamos para la privada o saturamos más los públicos”, explican Asunción y Benito, con hijos y nietos en centros concertados.
Sus palabras reflejan la realidad de buena parte de los CEIP e IES de la ciudad. Solo hay que tomar como ejemplo a los alumnos del barrio de Navia, que una vez concluyan sus estudios de Educación Primaria tienen que desplazarse a más de 10 kilómetros de sus casas para poder cursar la ESO. Y esto es por falta de centros públicos. Por contra, la mayoría de los CPR de la ciudad cuentan con todas las etapas educativas, por lo que los niños y niñas pueden cursar desde el 2º ciclo de Infantil hasta 4º de la ESO. Otro ejemplo se encuentra en el casco urbano, teniendo los concertados una mayor presencia en los principales núcleos de la ciudad.
Estas familias viguesas, a las que se sumaron exmiembros y dirigentes del PP local, recalcaban que, por encima de todo, buscan y demandan “una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”. De igual modo, reclamaron al Gobierno “una dotación de recursos para atender a los alumnos con discapacidad” y que no se imponga un “modelo que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición”. Finalmente, entre otras cosas, demandaron la libertad a la hora de escoger la asignatura de Religión en la enseñanza.
Natalia y alba Profesoras en pedagogía terapéutica (PT) “Un niño con parálisis cerebral no puede ir a un aula normal”
Estas docentes se muestran a favor de la inclusión, pero siempre prevaleciendo el “sentido común”. “Lo que no pude ser, no puede ser. Un niño con parálisis cerebral no puede estar en un aula normal, porque necesita de unas condiciones particulares, al igual que el profesorado. Los PT o formados en Educación Especial reciben una formación concreta para su caso y muchos otros similares”, razonan. Ambas apoyan a la pública mientras critican que se “demoniza” la concertada. “Parece que no puede existir el término medio; no veo problema en que los padres elijan”, apuntan.
Ana Cifuentes, Natalia Carpintero y Emilio Glez. Administración, docente y director del CPR San José de Cluny “Hay que desmitificar que los concertados son para ricos”
Ana, Natalia y Emilio forman parte del claustro del CPR San José de Cluny. Reprueban la aplicación de esta reforma educativa por la restricción que supondría “a la decisión de los padres”. “Creo que buena parte del problema viene porque se piensa que los concertados somos un colegio de ricos, hay de todas las clases sociales, como en todos lados”, desmitifica su director. Madre de un alumno de esta educación subvencionada, recalca que ambas educaciones “pueden convivir; no queremos acabar con la pública, para nada, pero ambas son básicas”, defiende.
Marcos Y Merche Padres de tres niños del CPE San José de Cluny “No nos planteamos otra, esta es la educación que queremos”
La familia al completo. Merche, Marcos y sus tres hijos acudieron a la concentración en defensa no solo de la educación concertada, sino contra a la ‘Ley Celaá’, ya que defienden la convivencia de ambas categorías. “No entendemos que no pueda existir un término medio. Nos gusta este modelo de educación, queremos este modelo de educación y no nos planteamos otro”, defiende la familia. En su casos, los tres menores acuden al CPR Plurilingüe San José de Cluny.
Asunción Y Benito madre Y abuelo de alumnos de CPR “Existe igualdad si podemos elegir; si no, habrá desigualdad”
“Estará aprobada, pero queremos evitar que llegue a aplicarse”. Bajo esta frase Asunción y Benito, madre y abuelo de varios alumnos que cursan estudios en un centro concertado se mostraban completamente indignados tanto porque “el español no sea vehicular, que intenten suprimir a la concertada y la tremenda necesidad de las escuelas de Educación Especial”. Ambos defienden que la entrada de esta reforma educativa supondría la auténtica “desigualdad”. “La igualdad existe en el momento en el que los padres pueden elegir, con esta ley llegaría la desigualdad”, claman.
