El coronavirus afectó de lleno al ámbito judicial, pero no solo a los casos en tramitación o a los señalamientos, sino que también alcanzó de lleno a la ejecución de las condenas. La pandemia obligó a paralizar los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) que estaban fijados para cientos de condenados al tratarse de una situación de fuerza mayor impidiendo su realización. Meses después del estado de alarma estas tareas comunitarias, que deben contar con el consentimiento del penado, han vuelto a ejecutarse “normalmente” mandando ya oficios los juzgados penales “para su cumplimiento” si bien su desempeño o el tipo de trabajo comunitario ha mudado sustancialmente.
Contextualizando, los trabajos en beneficio de la comunidad son penas alternativas al ingreso en prisión que cumplen numerosos condenados a través de actividades como la limpieza de las calles, el cuidado de jardines e incluso participando como figurantes en ruedas de reconocimiento de sospechosos de delitos en los jugados. El Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo “Carmen Avendaño” es el que se encarga de la gestión de estas medidas en toda la provincia de Pontevedra. Los trabajos comunitarios o sociales, que se imponen con habitualmente en delitos de seguridad vial o en los de violencia de género, son los castigos más habituales y, según la última estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria, el centro pontevedrés recibió 232 mandamientos para la ejecución de penas de TBC en este tercer trimestre de año.
Este tipo de labor suele realizarse a través de convenios con los concellos, la Diputación Provincial de Pontevedra o entidades sin ánimo de lucro como oenegés, Cruz Roja, Alborada, etc. Pero como los efectos del Covid-19 todavía no han remitido, fue necesario alterar o modificar esta tendencia. Así, la asistencia a cursos, talleres o programas se impone como los trabajos comunitarios más ordenados en detrimentos de asociaciones o centros de mayores al tratarse de personas en situación de riesgo. Y es que la seguridad debe primar también tanto para los usuarios de estos colectivos como para los penados.
Esta situación se aprecia en las propias instalaciones de Cruz Roja en Vigo. Fuentes de la asociación confirman que, si bien siempre contaban con personas que estaban cumpliendo su condena, actualmente “no contamos con nadie”.
En Alborada la situación no dista de este caso, y es que solo aceptan a usuarios de la propia asociación para la realización de TBC. “Antes no nos importaba acoger a cualquier penado, ahora solo trabajamos con nuestros propios usuarios”, comenta su director.
Otro recurso que también se contempla como trabajo comunitario es la participación como figurante en ruedas de reconocimiento. Se trata de una diligencia no muy extendida en los tribunales pero para cuya realización requiere de un buen volumen de candidatos, más el investigado del caso penal en cuestión. Los penados que se apuntan a estas listas deben estar localizados y acudir al tribunal el día que se le requiera. En caso de que no se pueda realizar la rueda de reconocimiento, deberán firmar como que sí se han presentado lo que computa por jornadas trabajadas. Actualmente, en los juzgados vigueses son 12 las personas apuntadas para ser figurantes, pero como por el momento no se ha solicitado –ni realizado– ninguna, la responsable de este servicio indica que se están convalidando por firmas.
Gestión
¿Cómo se gestionan estas medidas alternativas? Los jueces imponen habitualmente trabajos en beneficio de la comunidad cuando se trata de delitos contra la seguridad vial (144 desde julio a septiembre) o violencia de género (70). Una vez con la sentencia en la mano, el penado acude al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGMPA) y allí se analiza su caso. Los SGMPA, en el caso de Pontevedra, el CIS de Vigo –ubicado en la Avenida de Madrid– tienen convenios con organismos e instituciones para ofrecer trabajo a estas personas. Nunca puede ser remunerado, debe estar fuera de su horario de trabajo y no ha de sustituir un empleo. El no cumplimiento o la no realización de estos TBC suponen un delito de quebrantamiento de condena.
