Vehículos que se comercializan como patinetes eléctricos pero que en realidad no lo son. Al contrario, se trata de "verdaderas máquinas de correr". La Fiscalía Provincial de Pontevedra acaba de presentar en Vigo una demanda judicial en defensa de los consumidores contra un establecimiento comercial de la ciudad olívica que supuestamente publicitaba como patinetes aparatos que excedían la velocidad permitida para los denominados vehículos de movilidad personal (VMP), junto al incumplimiento de otras características técnicas.
La llegada de este caso a la vía judicial viene precedida de meses de trabajo por parte del Ministerio Público, que abrió estas diligencias en enero tras recibir un extenso atestado de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, cuyos agentes, a raíz de detectar en la carretera estos falsos patinetes eléctricos, decidieron investigar y descubrieron tanto comercios con sede física como con venta online que, bajo la apariencia de estos tan de moda aparatos urbanos, lo que realmente ofertaban eran vehículos a motor en toda regla. Junto a la tienda de Vigo, se identificaron comercios en otros puntos de España, a cuyas respectivas fiscalías se ha dado traslado del informe por si ven oportuno elevar también esos casos al juzgado.
La demanda contra este comercio vigués con establecimiento a pie de calle y página web fue presentada este pasado mayo en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. Ya registrada, está pendiente de la fase de admisión a trámite. Tras descartar la vía penal al estimar que los hechos no tendrían encaje en la estafa por no reunir todos los elementos que exige ese delito, la Fiscalía de Pontevedra decidió centrarse en la civil y concretamente lo que ha ejercitado es una acción colectiva de cesación en defensa de los intereses de los consumidores -la misma fórmula por la que optó por ejemplo con éxito en el caso de los peajes de la AP-9 cobrados durante las obras de Rande-. Estima que el establecimiento incurrió en publicidad engañosa y competencia desleal e insta al juez que dicte una sentencia en la que lo condene a cesar en dicha práctica, a rectificar y a que se publique la sentencia, pidiendo una multa coercitiva en caso de demora en el cumplimiento del fallo.
Lo que en definitiva solicita la Fiscalía con esta demanda, presentada por los especialistas en consumo -concretamente por el fiscal Álex Tuero-, es que el magistrado declare que con ese proceder, publicitar como VMP para los que no se precisa licencia de conducción vehículos que en realidad ostentan características de un ciclomotor, se está dando información falsa a los compradores. En caso de ganar el pleito, sería en la fase de ejecución de la sentencia cuando los consumidores podrían ejercitar su derecho a ser indemnizados.
"Las diligencias se incoaron en enero tras recibirse un completo informe de la Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra, que venían detectando estos aparatos que son auténticos ciclomotores tanto en vías urbanas como interurbanas y que estaban preocupados por la situación y la desinformación en el usuario; nos hicieron llegar un atestado con datos concretos de casos y empresas, así como con fotos tanto de internet como de escaparates de comercios; hubo una constatación directa", explica el fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro. La práctica, detectada en negocios de varios puntos de España, consiste en ofertar como VMP aptos para vías públicas aparatos que exceden las características permitidas para estos vehículos, informando "engañosamente" al usuario que no precisan licencia de conducir, ni seguro ni edad mínima para su uso.Un patinete no puede superar los 25 km/h
La propia DGT ya ha advertido sobre esto, por la proliferación de ofertas online, avisando de la necesidad de fijarse en la estructura y ficha técnica del aparato, especialmente en la velocidad -un patinete eléctrico no puede superar los 25 km/h- y la potencia. "Y se han detectado aparatos que pueden ir a 90 km/h y que superan los 2.000 vatios de potencia", concreta Aladro.
Si el vehículo supera las prestaciones permitidas, no puede circular por las vías objeto de regulación y su usuario puede ser sancionado. Hubo conductores que acabaron incluso en la vía judicial acusados de conducir sin carné, si bien las sentencias que trascendieron han sido absolutorias, como el caso de un arousano exculpado por la "falta de cumplida legislación" sobre esta controvertida cuestión.
