"Yo no he borrado intencionadamente nada". La empleada acusada de destruir multitud de archivos, incluso bases de datos de clientes de la empresa en la que trabajaba ofreció una versión exculpatoria durante su comparecencia en la vista celebrada esta mañana en el juzgado de lo Penal 2 de Vigo. La Fiscalía pedía inicialmente para ella 20 meses de prisión e indemnizar a la firma con 26.410 euros.
Los hechos se remontan a 2017 cuando, relata la fiscal en su escrito provisional de acusación, la mujer trabajaba en el centro que la empresa tiene en Vigo como técnico superior en prevención de riesgos laborales. Llevaba desde 2008 en la firma. La sociedad inició un procedimiento de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornadas (expediente temporal de regulación de empleo-ERTE) en el que resultó afectada. El 8 de mayo de aquel año se le comunicó la suspensión temporal de su contrato con efectos desde el día siguiente y hasta el 8 de mayo de 2018. Según la Fiscalía, "con el ánimo de causar menoscabo a la entidad empleadora", accedió con su usuario y contraseña a su equipo informático corporativo y "eliminó de forma deliberada" del disco duro y de la papelera de reciclaje archivos y documentación digital con "información imprescindible" para la actividad de la empresa, de los que no había ninguna copia. Todo entre las 08.11 y las 14.11 horas de aquel día.
La extrabajadora declaró que, cuando recibió el email de la suspensión de la empresa "nadie me dijo que hubiese algún problema con el ordenador o con mis datos". Aseguró también que dicha información que ha sido borrada estaba a disposición de "otros compañeros". "Toda la información estaba subida a una plataforma; es posible también que otro compañero se sentase en mi ordenador, teníamos las contraseñas de todos por si había que buscar cosas cuando estabas en un trabajo de campo", aseveró la mujer.
Por su parte, el abogado que ejerció la acusación particular y a la vez actuó como testigo en el juicio, aseguró que el ordenador de la acusada fue al único al que se le borraron datos. "Fue justo el día que se notificaba el ERE a los trabajadores", remarcó.
El letrado y testigo aseguró también que "varios compañeros" vieron a la mujer "todo el tiempo en el ordenador" dicho día, si bien recalcó que no vio exactamente a la trabajadora eliminar dichos datos de la empresa. Afirma también que a pesar de que muchos datos se suben a la plataforma que tienen en común los trabajadores y clientes, estos que fueron borrados no se encontraban. "No había copias de los mismos, solo estaban en el ordenador de la acusada", aseguró.
El Ministerio Público concreta en su escrito provisional el presunto perjuicio económico que causó: 6.655 euros para contratar a una empresa que recuperase los archivos, 2.000 euros para adquirir otro equipo y casi 18.000 por falta de atención a clientes.
