14 de enero de 2020
14.01.2020

Las defensas de la presunta trama de contrabando de tabaco: "Son conjeturas"

El fiscal pide cárcel para seis acusados, entre ellos guardias civiles, de simular el suministro a buques de cartones que acabaron "fuera de los circuitos legales"

14.01.2020 | 01:10
Los seis acusados, ayer, en el banquillo de la Audiencia. // Fdv

La presunta trama delictiva consistía en simular el avituallamiento a buques de cartones de tabaco exentos de aranceles e impuestos. Pero en realidad los cigarrillos nunca habrían llegado a manos de los tripulantes de esos barcos. Supuestamente, el plan se orquestó para vender dicho material "fuera de los circuitos legales", generándose un fraude tributario y aduanero que se cifró en 1,7 millones de euros. El fiscal relata que hasta 21 embarcaciones que figuraron como receptoras de, en total, casi 52.000 cartones entre 2010 y 2013 en el puerto de Marín o ya habían sido desguazadas antes de las fechas de las supuestas entregas o estaban fuera de Galicia o, simplemente, sus armadores negaron haber encargado dicha mercancía. Este caso llegó ayer a juicio en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. En el banquillo se sentaron tres guardias civiles que al tiempo de los hechos estaban destinados en las instalaciones portuarias marinenses, así como un exresponsable y dos exempleados de sendas empresas de suministro a buques que eran titulares de depósitos fiscales en la Zona Franca de Vigo.

El fiscal, que acusa de delito continuado de falsedad documental y de contrabando de tabaco, pide penas de hasta 5 años de cárcel -y en el caso de los agentes que también sean inhabilitados durante 6 años-, así como multas. En concepto de responsabilidad civil demanda que los acusados indemnicen de forma solidaria a la Agencia Tributaria con 1.765.817 euros en concepto de deuda tributaria y 5.631 euros más por la supuesta deuda aduanera.

Las defensas solicitan la libre absolución. La vista, que dura toda la semana, arrancó con las cuestiones previas de estos abogados, que acabaron siendo desestimadas por el tribunal. Los letrados alegaron falta de competencia territorial por parte de la Audiencia viguesa para juzgar el caso, así como vulneración de derechos fundamentales en determinadas actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción de la causa, como las entradas y registros iniciales, las pruebas caligráficas o el "acceso injustificado" a datos económicos de sus defendidos. La investigación, resumieron los letrados, se basó en "meras sospechas, suposiciones y conjeturas". "No hay indicios de avituallamiento ilegal, ni de descarga de tabaco ni de intercambio de dinero; no se halló ni un solo pitillo", resumió una abogada.

En la jornada de ayer declararon tres acusados -los tres guardias civiles serán interrogados hoy-. El primero fue J. C. G.C., quien fue delegado en Vigo de dos empresas dedicadas al suministro a buques de mercancía libre de impuestos. Tras explicar cómo es el proceso desde que los armadores de los barcos hacen la petición de tabaco a la Aduana hasta que se hace la efectiva entrega, negó haber cometido irregularidad alguna. "Nunca desconfié de que hubiese nada raro" , dijo. "¿Qué falló en ese circuito para que ocurriera esto?", insistió el fiscal. El encausado ahondó en que "no tiene explicación". "La documentación venía bien y son buques de toda la vida a los que se solía despachar habitualmente; además, no iba a desconfiar [de nada raro] estando la Guardia Civil allí al lado", dijo este hombre, que justifico un ingreso de 40.000 euros por una "herencia".

Un comercial de Marín ya jubilado y su hija, J.J.T.C. y E.E.T.V., que trabajaron en las dos mismas empresas que el anterior encausado, también se desvincularon totalmente de la supuesta operativa ilegal y justificaron su patrimonio gracias a sus ingresos, su capacidad de ahorro y la ayuda económica recibida por parte de diversos familiares.

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