Si uno piensa en un juzgado de Familia, lo primero que se le viene a la cabeza son los pleitos de rupturas de pareja y todos los que derivan de ellos. Pero ese, con las estadísticas en la mano, solo es la mitad de su trabajo. Porque la otra mitad nada tiene que ver con litigios matrimoniales. A estos jueces les compete también el control judicial de los internamientos de enfermos psiquiátricos en hospitales, el de los ingresos de personas mayores con demencia senil en centros de la tercera edad y los expedientes para incapacitar a personas. En total, las tres salas de Familia de Vigo registraron en este 2019 más de 1.400 asuntos de una materia que, sin duda, es muy sensible. "Es la parte más dura de mi trabajo; y no desde un punto de vista jurídico, sino por la carga humana que conlleva; es desolador por ejemplo ver el sufrimiento de unos padres al tener que incapacitar a un hijo con graves secuelas por un accidente de tráfico; y ahí también ves la heroicidad de innumerables familias con sus vidas dedicadas a personas que no se valen por sí mismas", resume el magistrado Daniel Tomás López.
Los tres juzgados de Familia cerrarán 2019 rozando o incluso superando los 3.300 asuntos -1.100 cada uno-. Hasta el 20 de diciembre ya iban 3.264. Y de este global, un total de 1.786, el 55%, son de materia matrimonial. Casi un millar fueron pleitos de rupturas: separaciones, divorcios y los de parejas de hecho con hijos menores. Casi 360 más son modificaciones de medidas, por ejemplo de padres que piden que se les rebaje la pensión de alimentos que deben abonar a sus niños o también para plantear cambios en los regímenes de visitas. Y, entre este tipo de casos, destacan asimismo los expedientes de jurisdicción voluntaria, que de hecho se dispararon más de un 30%, sobre todo de la mano de los conflictos entre padres separados por cuestiones como la escolarización o la expedición del pasaporte a los hijos.
Frente a esta materia, hay otros 1.478 asuntos, el 45% restante, que este año también recayeron en estos tribunales y que son de índole muy distinta. Casi 670 de estos expedientes fueron para realizar un control judicial de los ingresos no voluntarios de enfermos psíquicos en hospitales psiquiátricos. Y hubo otros 245 de internamientos en geriátricos de personas mayores con demencia senil o patologías similares. Los juzgados de Familia se turnan en guardias semanales y la comisión judicial se traslada a estos centros para ratificar los ingresos. Su labor es velar para que todo se haga de forma correcta y que se respetan los derechos de estas personas sobre las que se toma una decisión tan trascendental.
Forenses
A Familia también compete los expedientes de incapacidad. Si la persona afectada no puede ir al juzgado, juez y forense van a su domicilio o, si es el caso, al centro donde esté ingresado. Aquí es vital la labor de los forenses, que, desde un punto de vista médico evalúan a la persona y le plantean también cuestiones de todo tipo para comprobar su capacidad: le preguntan desde cuál es la moneda de curso legal o cuánto cuesta una barra de pan hasta quién es el rey de España.
Y estos juzgados, finalmente, también tramitaron 23 expedientes de adopciones de niños.
