La investigación judicial abierta en relación con el incendio que el pasado julio causó daños en 70 vehículos en la terminal Ro-Ro de Bouzas ha dado un paso clave. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo citará a declarar en calidad de investigados al responsable y a dos trabajadores de la pirotecnia que aquella noche se encargó de la tirada de fuegos artificiales con motivo de las fiestas que se celebraban en el barrio. La causa se sigue por la presunta autoría de un delito de daños por imprudencia grave. La Autoridad Portuaria y PSA están personados como denunciantes en el procedimiento.
Uno de los informes clave sobre este incendio ocurrido la noche del 19 de julio es el atestado realizado por la Guardia Civil, que, en el seno de sus propias diligencias, ya había atribuido la condición de investigados a los dos trabajadores que ahora también deberán comparecer ante el magistrado Juan Carlos Carballal. Se trata de los operarios a los que los testigos situaron junto al faro del paseo exterior encargándose del dispositivo de la tirada de bombas de palenque, en una zona ubicada a apenas 30 metros de donde estaban los vehículos aparcados. Con ellos, en la fase judicial también adquiere esa condición de investigado el responsable de la empresa pirotécnica contratada por la organización de los festejos.
Una de las conclusiones de la Guardia Civil es que un solo cohete de los lanzados aquella noche originó el incendio. Tras colarse por el compartimento del motor de uno de los vehículos se generó un remolino de fuego -"efecto de convección"- que propagó las llamas a decenas más que estaban estacionados. Los daños fueron cuantiosos: 26 coches calcinados y 44 más con desperfectos de diversa consideración. En un balance provisional las aseguradoras cifraron el perjuicio económico en 1,4 millones de euros. Pero la cifra podría ser mucho mayor, ya que, tras el siniestro, Gefco, operador logístico de PSA, realizó una revisión de 200 vehículos que estaban aparcados en ese área por si aparecían anomalías achacables al incendio.
Junto a las conclusiones que plasmaron por escrito los expertos de la Benemérita, el juzgado ha dado impulso a esta causa al darse los requisitos que exige el Código Penal para el delito de daños por imprudencia grave, tal y como establece el artículo 267. Uno de ellos es que esos desperfectos tengan una valoración superior a los 80.000 euros, cifra que, a la espera de lo que determinen las periciales, ya está claro que se supera con creces dada la magnitud de vehículos afectados.
Otra de las exigencias legales de cara a poder seguir adelante con un procedimiento judicial por este delito, que está castigado con una pena de multa de tres a nueve meses, es que esta infracción penal solo puede ser "perseguible" previa denuncia de "la persona agraviada o de su representante legal". Las escasas excepciones previstas para que el impulso provenga del Ministerio Fiscal no se adecuan a este asunto. Pero este requisito también se cumple en este caso ya que en las diligencias abiertas ya constan dos denunciantes, uno de ellos la Autoridad Portuaria, organismo que se encuentra personado desde días después de este siniestro ocurrido hace casi tres meses.
