El Consello Galego de Procuradores celebró ayer en Vigo una cumbre con la Orden de Solicitadores y Agentes de Ejecución de Portugal. Es el primer encuentro de colaboración para conocer las posibilidades de integración de una figura similar a la de los "solicitadores" lusos en la administración española para darle mayor agilidad. "La justicia en España tiene un problema estructural de funcionamiento, que no se resuelve solo con el aumento de las dotaciones judiciales. En el caso de Vigo, la creación del procurador ejecutivo nos permitiría multiplicar por diez la capacidad actual de los juzgados para ejecutar embargos y diligencias sin coste alguno para la Xunta ni para el Estado", explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo.
Los casos sin resolver en los juzgados vigueses se han incrementado en un 61% en los dos últimos años, seis veces más que la media española (9,7%) y el doble que en el resto de Galicia (33%), según un estudio del Colegio de Procuradores de Vigo con datos del Consejo General del Poder Judicial.
El objetivo del operador jurídico nace de la propuesta del Consejo General de Procuradores de España para dotar a los procuradores de nuevas funciones que les permitan participar en la ejecución de las sentencias y agilizar así el funcionamiento de los juzgados, sin costes para la Administración de Justicia.
El procurador ejecutivo sigue el ejemplo de los solicitadores, figura creada en 2003 en Portugal para resolver el atasco de ejecuciones pendientes. La nueva figura, indican, ha permitido reducir a la mitad el tiempo de resolución de los juzgados civiles y mercantiles entre 2010 y 2016. España, según Fandiño, encadena una década sin resolver en el mismo año los asuntos que entran en los juzgados y acumula en 2018 más de 2 millones de asuntos en trámite. En Vigo, la ciudad española con mayor número de ingresos entre las de su tamaño, el atasco de asuntos en trámite en los juzgados ha alcanzado la cifra de 20.003 a 31 de marzo de 2019.
