Estaba previsto que la firma del acuerdo que venderá Povisa a Ribera Salud se produjera durante del día de ayer. Pero no se ha podido cumplir el plazo. Un demora técnica, motivada no por discrepancias entre las partes sino por un leve retraso en la redacción del contrato, obligará a dejar para hoy la rúbrica que sellará la operación, según aclararon fuentes cercanas a las negociaciones. Cincuenta años después de que se constituyera la sociedad que puso la semilla del hospital vigués -el centro privado más importante de la comunidad- Grupo Nosa Terra 21 y Ribera Salud se encuentran a apenas un gesto de distancia de consumar un cambio histórico en la trayectoria de la clínica, y por extensión, del cuadro sanitario de Vigo y Galicia. Una vez plasmada la firma, el documento se elevará a la CNMC para que estudie su autorización en un plazo mínimo de un mes.
Será a partir de entonces cuando se den a conocer de manera oficial algunos de los pormenores del pacto, como el precio final. Algunas fuentes del sector calculan que el traspaso podría consumarse por una cantidad aproximada de entre 20 y 25 millones de euros -un cuarto de la cifra de negocio total de Povisa (103 millones)-, a falta de saber la tasación final de los activos. Tal y como informó FARO el pasado martes, con la venta Grupo Nosa Terra 21 cede en realidad el paquete completo de su "actividad sanitaria". Una red de instalaciones que descansa principalmente sobre el complejo de la calle Salamanca, pero que incluye también las clínicas de Colón, Gran Vía y la Calle Barcelona, las dependencias de la calle Zaragoza, o la Escuela de Enfermería (Cepovisa).
Todo pasará a manos de Ribera Salud, que asumirá con Povisa su primer centro en propiedad. Hasta la fecha el grupo valenciano, comandado por su consejero delegado, Alberto de Rosa, estaba centrado en la gestión de concesiones en centros sanitarios de titularidad pública, como su reciente apuesta por coger el timón del hospital de Torrejón (Madrid). Desde 1999 su nombre se asoció al "modelo Alzira": un patrón de colaboración público privada iniciado en el hospital La Ribera (y su área), y que luego se extrapolaría a otros lugares de la geografía valenciana. En abril de 2018, aprovechando la finalización de un contrato por el que llegó a facturar 158 millones, el govern de Ximo Puig (con sus socios de Compromís, y el favor parlamentario de Podemos) retornó el complejo a la gestión pública. Y el de La Ribera no es la única concesión con caducidad. Los nuevos dueño de Povisa deberán afrontar la misma situación en 2021 (en Torrevieja), en 2024 (en Dénia, donde posee el 35% de una alianza con DKV) o en 2025 (en Elx-Crevillent).
En la agenda política
Entretanto, la Xunta saca punta a su postura de control sobre el concierto que vincula a Povisa con el Sergas hasta 2022. "Estaremos vigilantes", sentenció ayer el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, acerca de la obligación de preservar el empleo (en torno a 1.500 contratos) y la calidad asistencial. Desde el PSdeG, su líder, Gonzalo Caballero conminó al Gobierno gallego a que blinde ambas cuestiones y criticó a Feijóo por "no hacer una apuesta clara por lo público". Ni en Povisa ni en el Álvaro Cunqueiro.
En el BNG, la diputada autonómica Montse Prado tildó de "escándalo" que se venda la clínica "y la Xunta no quiera comprarla"; y Eva Solla, de Esquerda Unida, instó a San Caetano a pujar por el hospital si el precio final se fija en 22 millones: "Obviamente las arcas públicas pueden soportar eso y hacerse cargo del empleo y la asistencia".
