La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a siete años y un mes de prisión a un acusado de haber agredido a otro hombre, al que deberá indemnizar con 22.000 euros, y haberle robado el teléfono móvil en la ciudad olívica en 2018.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, al acusado, Rubén P., se le han impuesto las penas de cárcel por un delito de lesiones con deformidad y otro de robo con violencia y uso de instrumento peligroso.
Este hombre, que permanece en prisión provisional desde diciembre de 2018 por los hechos juzgados, también deberá indemnizar al Servizo Galego Saúde (Sergas) con más de 4.330 euros, el importe que ha supuesto la atención de la víctima.
El tribunal ha considerado probado que, el 1 de diciembre de 2018 en torno a las 7:45 horas, este hombre golpeó con un objeto cortante a J.R.E.M. "con la intención de conseguir de esta víctima un beneficio económico" en la calle Marqués de Valladares de Vigo, así como que le sustrajo el teléfono móvil, modelo Samsung S9.
Posteriormente, el acusado se refugió en una cafetería de la calle Policarpo Sanz, donde fue detenido por efectivos de la Policía Nacional, que recuperaron el terminal robado que todavía tenía en su poder. Mientras, la víctima sufrió varios traumatismos y heridas en la cara, por lo que recibió asistencia médica.
El acusado ya había sido condenado a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra en 2014 debido a la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas. La condena había sido suspendida por un periodo de dos años y extinguida en 2017, lo que ha conllevado que se haya aplicado la agravante de reincidencia al delito de robo.
El tribunal ha considerado además que el acusado "mentía" cuando negó haber transitado por la calle en la que sucedieron los hechos debido a que las cámaras de seguridad lo situaron en ella en ese periodo temporal. Tampoco se ha tomado como verosímil la versión aportada por el acusado para justificar la posesión del móvil robado, que aseguró que se había encontrado en la calle.
El Ministerio Fiscal había demandado la imposición de penas de once años de prisión por los delitos de robo con intimidación y lesiones, así como una indemnización de 140.000 euros para la víctima y de 4.330 para el Sergas.
